El sector empresarial colombiano levanta la mano de alerta. El Consejo Gremial Nacional respaldó este martes que el Gobierno atienda rápidamente la crisis causada por la ola invernal en ocho departamentos del país, pero trazó una línea roja muy clara: no permitirá que la emergencia se use como atajo para hacer cambios permanentes que deberían discutirse en el Congreso.

La advertencia llega en medio de un pulso político y económico sobre cómo financiar la crisis. El Ejecutivo ha hablado de necesidades cercanas a los 8 billones de pesos y está preparando decretos con nuevos impuestos y ajustes regulatorios para cubrir ese faltante. Aquí está el problema: usar decretos de emergencia para crear tributos nuevos es saltarse el debate legislativo ordinario, y eso inquieta a quienes invierten en Colombia.

"El Consejo Gremial apoya que se tomen medidas urgentes que permitan atender la crisis, pero expresa su rechazo categórico a la utilización del estado de emergencia invernal como vehículo para expedir medidas que introducen modificaciones estructurales en materia tributaria, ambiental, financiera, operativa y sectorial", señala el comunicado de la agremiación.

Los empresarios no están siendo caprichosos. Invocan el artículo 215 de la Constitución, que sí permite los estados de excepción, pero aclara que no habilita reformas permanentes que desborden el trámite legislativo ordinario. En la práctica, significa que el Gobierno puede decretar agua potable en zonas afectadas, pero no puede crear nuevos impuestos sin que el Congreso lo apruebe, aunque haya emergencia. "Estas decisiones exceden el carácter transitorio y excepcional que la Constitución asigna a las facultades del Ejecutivo", advierte el gremio.

El trasfondo es económico y toca algo que el inversionista teme más que nada: la inseguridad jurídica. Si un Gobierno puede cambiar las reglas tributarias mediante decretos cuando hay una crisis, ¿qué impide que lo haga de nuevo? "La inversión en Colombia exige reglas claras, previsibles y estables. Cuando el marco normativo puede alterarse de esta forma, el mensaje es inequívoco: el riesgo institucional aumenta y la confianza disminuye", sostiene el comunicado.

Por eso el Consejo Gremial pidió que el Gobierno sea transparente: que detalle exactamente cuáles son esos 8 billones de pesos, cuáles gastos están presupuestados en el 2026 y cuáles exceden ese presupuesto. No es un capricho contable; es exigir que el Gobierno justifique por qué necesita usar la ruta de emergencia en lugar de hacer una gestión fiscal normal.

El debate ahora se mueve en dos frentes. El Ejecutivo defiende que debe actuar con rapidez ante una magnitud de crisis climática que no permite esperar. El sector empresarial, por su parte, insiste en que la estabilidad jurídica no es un lujo de empresarios ricos, sino un activo estratégico de toda la Nación, porque sin esa estabilidad, no hay inversión, no hay empleo ni crecimiento económico.