Los empresarios colombianos levantaron la voz en contra de una de las decisiones más polémicas del gobierno actual: traspasar $5 billones de las AFP (fondos privados de pensiones) a Colpensiones (el fondo público) en apenas seis días. El Consejo Gremial, liderado por Natalia Gutiérrez, insiste en que esta operación simplemente no es necesaria.

El argumento oficial del gobierno es que esos recursos son urgentes para pagar las pensiones de quienes se han trasladado a través de la llamada ventana de oportunidad (un período en el que trabajadores pueden cambiar su fondo de pensiones). Pero los números cuentan otra historia, según el gremio. "La realidad es esta: esas pensiones cuestan aproximadamente $450.000 millones al año. Y las personas reubicadas ya aportan casi $600.000 millones al año. Es decir: alcanza y sobra para cubrir esas obligaciones", dijo Gutiérrez. En otras palabras: el dinero que ya entra al sistema es suficiente para pagar lo que el gobierno dice que es tan urgente trasladar.

El problema más profundo que los empresarios señalan es qué pasará con esos $5 billones una vez lleguen a Colpensiones. Según Gutiérrez, cualquier peso que entre al fondo público puede terminar siendo gastado por el gobierno en necesidades inmediatas, en lugar de ahorrarse para pensiones futuras. La ley obliga a guardar esos recursos para financiar pensiones del mañana, pero en la práctica, el dinero en manos del Estado tiende a evaporarse rápido.

El verdadero drama de las pensiones públicas en Colombia es mucho más grave que la urgencia de un traslado. Gutiérrez lo resumió de manera cruda: "en 2026, todo lo que los colombianos paguen en IVA alcanzaría apenas para cubrir el costo del régimen público de pensiones". Hoy ya hay un desbalance brutal. Se necesitan aproximadamente ocho personas trabajando y cotizando sobre salario mínimo para financiar una sola pensión mínima. Actualmente solo hay cinco.

El Decreto 415 que ordena este traslado no tiene un camino libre. Enfrenta 12 demandas legales con medidas cautelares urgentes, lo que significa que están pidiendo a los jueces que detengan o paralicen la operación mientras se resuelve si es legal. Gutiérrez fue clara en la advertencia: "El país necesita decisiones a tiempo, antes de la fecha en la que esto debe ocurrir (14 de mayo), para que no se ponga en riesgo el ahorro de los colombianos".