La batalla arancelaria entre Colombia y Ecuador está llegando a su punto de quiebre. Los empresarios de ambos países salieron a la cancha esta semana para advertir que los gobiernos están cometiendo un error estratégico que golpea a los negocios legales mientras favorece el contrabando.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, fue claro en su mensaje: las restricciones comerciales no son la herramienta adecuada para resolver conflictos políticos. Explicó que hay compañías colombianas que venden más del 70% de lo que producen al mercado ecuatoriano. Para estos negocios, los aranceles no son un inconveniente menor: son una amenaza a su existencia. "Sabemos en este momento de empresas que pueden perder totalmente su viabilidad en caso de que esta situación siga el camino que nos han venido mostrando las autoridades de los dos países", dijo. El argumento de Mac Master toca un punto central: "Las restricciones al comercio no son otra cosa que restricciones a la producción", sostuvo, y agregó que "no tiene ningún sentido que ninguna de las dos naciones acuda a mecanismos de restricciones al comercio para solucionar problemas que no son del comercio".

Las pequeñas y medianas empresas son las más expuestas. De acuerdo con María Elena Ospina, presidenta de Acopi, entre 65 y 75 de cada 100 empresas que exportan a Ecuador son mipymes. Estos negocios enfrentan un dilema cruel: pierden clientes, acumulan productos que no pueden vender o simplemente tienen que despedir gente. Es empleo formal evaporándose por decisiones tomadas en esferas políticas.

Pero hay algo más grave en esta historia. Javier Díaz Molina, de Analdex, fue directo al punto: "Los dos países nos estamos maltratando, dañando en su aparato económico al restringir el comercio formal y legal, y solamente estamos beneficiando a la ilegalidad". Los aranceles, las sobretasas y las restricciones están haciendo que el contrabando sea más rentable que hacer negocios dentro de la ley. Es un efecto perverso: mientras castigan a empresas legales, incentivan a los ilegales.

Los números muestran la magnitud del problema. El comercio entre Colombia y Ecuador alcanza cerca de 3.000 millones de dólares anuales y sostiene alrededor de 200.000 empleos formales en ambos países. Esta no es una cifra abstracta: representa familias que dependen de que los contenedores sigan cruzando la frontera. Los gremios insisten en que la solución pasa por la diplomacia, no por subir más muros arancelarios.