A menos de diez días del vencimiento del primer pago del impuesto al patrimonio, el sector productivo colombiano levanta la voz de alarma. Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta tanto de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica como del Consejo Gremial Nacional, advierte que esta medida impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro podría generar un colapso económico sin precedentes si la Corte Constitucional no la detiene a tiempo.

El decreto legislativo que creó este tributo fue expedido bajo la figura de emergencia económica. El Gobierno lo justificó con un déficit de 32,1 billones de pesos que necesita financiar. Pero aquí viene lo que afecta su bolsillo: la medida grava el patrimonio acumulado de las empresas, no sus ganancias reales. Esto significa que una compañía que perdió dinero el año pasado seguirá pagando impuestos sobre lo que posee, aunque no esté generando utilidades.

"Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse", señaló Gutiérrez en redes sociales. El primer pago, equivalente al 50% del total, vence el próximo 1 de abril. Para el empresario promedio, esto se traduce en una urgencia de conseguir efectivo rápidamente, lo que los obligaría a endeudarse a tasas altas solo para cumplir con la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Eso paraliza la inversión en nuevos equipos, contratación de personal o expansión del negocio.

Desde el Consejo Gremial cuestionan la justificación legal de usar la emergencia económica para esta medida. Según su argumento, la Constitución solo permite declarar una emergencia cuando existe una relación directa entre la crisis y la imposibilidad de resolverla por vías normales. Los empresarios sostienen que el Gobierno debería atacar el problema real: el gasto público está 2,6 puntos porcentuales por encima del nivel anterior a la pandemia.

Otro punto que genera molestia es que el impuesto aplica una tasa del 1,6% a los sectores financiero y extractivo, más del triple de la tarifa general. Para el sector empresarial, esto representa un castigo desproporcionado a quienes invierten en el país. Gutiérrez pidió celeridad a la Corte Constitucional para revisar si el decreto viola los principios de equidad y progresividad que consagra la Constitución Política.