Hace poco se anunció una iniciativa llamada Colombia Progresa 2630, liderada por el Consejo Privado de Competitividad, donde seis tanques de pensamiento se unieron para proponer soluciones a los grandes desafíos del país. El problema: las Telecomunicaciones y las TIC no fueron incluidas, a pesar de ser el corazón que sostiene el desarrollo económico y la competitividad. Es como si armaran una mesa pero les faltara una pata.

Los números hablan solos. El sector movió 3,6 por ciento del PIB en 2023, con inversiones de 47 billones de pesos en 2022 y más de 1,4 millones de empleos directos. Eso sin contar que tiene un déficit de unos 200 mil profesionales especializados que necesita urgentemente. En impuestos, el sector aportó 13,5 billones de pesos en 2023. Sin embargo, está siendo uno de los sectores más castigados tributariamente en el país. Si tuviera una carga fiscal más liviana, su aporte sería mucho mayor. Basta ver cómo el desarrollo de internet en Estados Unidos se aceleró gracias a alivios tributarios que el gobierno federal dio a las empresas tech.

Lo curioso es que no faltan instituciones para estudiar estos temas. Están CINTEL, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, FEDESOFT, ASOTIC y universidades como la Externado de Colombia. Pero sus recomendaciones a menudo quedan en papel mojado. Un ejemplo claro es el programa Conexión Total, que debería estar bajo el Ministerio de TIC pero sigue disperso en otras carteras, lo que causa que los recursos se gasten de forma desorganizada. Colombia es el único país de América Latina donde el ministerio del sector se llama de TIC en lugar de Comunicaciones, lo que refleja una confusión conceptual que termina beneficiando las tecnologías en detrimento de las telecomunicaciones, siendo que ambas son complementarias y forman una cadena de valor.

Un problema grave es que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC, depende económicamente del Ministerio de TIC y el ministro sigue siendo su cabeza, lo que la hace dependiente en lugar de independiente. La OCDE ya ha señalado esto repetidamente como un error grave. Además, la institucionalidad del sector está completamente atomizada. Incluso Colombia Compra Eficiente no ha logrado que el Estado centralice sus compras en telecomunicaciones e informática, lo que genera desviaciones de recursos por falta de estándares unificados en proyectos y contratación.

Una propuesta que suena sensata es crear un Plan Nacional de Banda Ancha Fija que comprometa a gobernaciones y municipios a llevar fibra óptica a todos los hogares y municipios del país, usando las regalías y recursos nacionales de forma coordinada. Esto requeriría modificar la Ley de Regalías para permitir que los fondos se destinen a conectividad de banda ancha fija en todos los hogares sin conexión, no solo en estratos 1 y 2. Algunos ven esperanza en iniciativas como un potencial Mercado Digital Andino que podría integrar operadores de Colombia, Ecuador y otros países para generar economías de escala.

Mientras tanto, sectores como software y BPO, que generan riqueza y empleo en Colombia, esperan que algún día haya incentivos fiscales de largo plazo para desarrollar talento en inteligencia artificial y tecnologías emergentes. En el Mobile World Congress de Barcelona ya hablan de 5G-Advanced, una tecnología que ofrece velocidades diez veces superiores a generaciones anteriores. El mundo no espera, pero la institucionalidad colombiana sigue fragmentada y sin una verdadera brújula digital.