El Ministerio de Hacienda radicó esta semana el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 con una cifra de $601 billones. A simple vista parece una cantidad enorme, pero cuando uno mira en qué se gasta ese dinero, la realidad se pone apretada. De esos $601 billones, $124,5 billones van directamente al pago de deuda. Para que se entienda: significa que el país dedica el 30% de todo su presupuesto solo a pagar lo que debe, sin que eso deje un solo peso para hospitales, escuelas o carreteras.

Comparado con 2026, la cifra de deuda subió considerablemente. El año pasado el país gastó $100,4 billones en servicio de deuda. Este año serán $124,5 billones. Es un aumento de más de $24 billones en apenas un año. Según Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, "el salto del servicio de la deuda a $124,5 billones, por encima de los $100,4 billones de 2026" refleja que "el propio contexto fiscal sigue siendo estrecho". Lo que quiere decir es que aunque el Gobierno intenta ser cauteloso con el gasto, la realidad es que hay muy poco margen de maniobra.

El resto del presupuesto se distribuiría principalmente en funcionamiento del Estado y en sectores prioritarios. Educación recibiría $91,5 billones, salud $81,2 billones, defensa y policía $70 billones, y trabajo $64,2 billones. Estos cuatro sectores absorben la mayor parte del dinero disponible después de pagar la deuda. Los sectores más pequeños, como ciencia, tecnología e innovación, quedarían con apenas $30.063 millones, mientras que deporte tendría $208.417 millones. En una caja fiscal apretada como esta, siempre pierden los sectores que menos votos mueven.

Pero hay un problema de fondo que preocupa a los analistas: el presupuesto podría estar desfinanciado nuevamente. Esto significa que el dinero que el Gobierno planea recolectar en impuestos y otras fuentes no alcanzaría para pagar todo lo que promete. Gutiérrez advierte que "bajar o ajustar el monto no resuelve por sí solo el problema de desfinanciación". En 2026 ocurrió exactamente esto: el presupuesto se aprobó por $546,9 billones, pero dependía de una ley de financiamiento por $16,3 billones que nunca salió adelante.

Lo que vemos ahora es solo el anteproyecto. La versión definitiva se radicará el 29 de julio de este año, y será el Congreso el que deba aprobarlo. Aunque Gustavo Petro presentó este anteproyecto, será el nuevo presidente que llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto quien tendrá que tramitarlo junto con el nuevo Congreso. Según la experta, "la regla presupuestal indica que el proyecto formal debe presentarse en los primeros 10 días de la legislatura". Esto quiere decir que todavía hay espacio para negociaciones y ajustes antes de la aprobación final, aunque dentro de un cronograma ya establecido por la Constitución.