Los colombianos eligieron su nuevo Congreso en medio de una economía que demanda soluciones inmediatas. Mientras el país crece modestamente a 2,6% anual, la inflación repunta a 5,35% y el Banco de la República mantiene las tasas de interés en 10,25% para contener los precios. Este escenario monetario restrictivo desalienta tanto la inversión como el consumo de las familias. Pero el verdadero nudo está en las finanzas públicas: el Gobierno Nacional Central cierra 2025 con un déficit de 6,4% del Producto Interno Bruto, equivalente a aproximadamente 118 billones de pesos. La deuda bruta ya alcanza 64,4% del PIB. Estas cifras traducidas al bolsillo del colombiano significan que el Estado gasta más de lo que recauda y debe financiar esa diferencia endeudándose.

El presupuesto nacional aprobado para 2026 asciende a 546,9 billones de pesos, pero aquí viene lo preocupante: 100,4 billones van solo al pago de intereses de la deuda anterior, es decir el 18,4% del total. Eso deja muy poco dinero para inverter en educación, infraestructura o salud. Además, el gobierno necesita conseguir 16,3 billones adicionales mediante una Ley de Financiamiento, lo que abre nuevas discusiones sobre de dónde sacar plata. La rigidez presupuestal agrava todo: el Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que aproximadamente el 88% del gasto público es inflexible, atrapado en compromisos legales como pensiones, transferencias a regiones y servicios que no se pueden reducir fácilmente. Esto deja apenas margen para maniobrar.

Margarita Martínez, directora del programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura, señala que la primera prioridad será "recuperar margen fiscal sin frenar la actividad productiva". El desafío es enorme porque cualquier recorte agresivo ahoga la economía, pero no hacer nada deja el problema intacto. Martínez advierte que "la presión no se limita a la disponibilidad de recursos, sino también al entorno macroeconómico. El Banco de la República ha señalado que la demanda interna comenzó el año con fuerza, lo que presiona tanto los precios como el déficit externo, obligando a tomar decisiones más cuidadosas sobre gasto e inversión". El problema no es solo de recaudo, afirma, sino de estructura del gasto y de compromisos legales crecientes que dejan poco espacio para financiar proyectos productivos.

Desde la perspectiva de la tributación, Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, plantea que se necesita una reforma tributaria estructural que vaya más allá de aumentar tarifas impositivas. La idea es ampliar la base gravable, revisar quiénes pagan impuestos y eliminar privilegios fiscales que han erosionado el recaudo. Además, fortalecer los controles administrativos contra la evasión y el contrabando. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo añade que cualquier reforma tributaria debe orientarse a estimular la actividad empresarial, no a frenarla. Su preocupación es que el Estado sigue creciendo en tamaño sin que eso genere más crecimiento económico. Restrepo insiste en que el Congreso debe ser "muy juicioso en evitar que exista un deterioro institucional de pesos y contrapesos".

Jorge Castelblanco, CEO de la firma Crowe Co, coincide en que las comisiones de hacienda del Congreso tendrán un papel central. El país necesita una reforma tributaria profunda que dinamice la economía y permita equilibrar lo que el Estado gasta con lo que recauda. Esto requiere también recuperar la confianza de inversionistas mediante reglas claras y estabilidad. Además, el siguiente Congreso tendrá la oportunidad de debatir reformas más amplias en salud, justicia y el sistema político, pero todas orientadas a generar crecimiento económico real y finanzas públicas sostenibles.

El panorama es claro: con inflación persistente, tasas altas, deuda significativa y presupuesto estrecho, el margen para errores será mínimo. Los legisladores elegidos no podrán darse el lujo de improvisaciones. La capacidad que tengan para construir acuerdos entre bancadas sobre cómo reorganizar el gasto, ampliar el recaudo inteligentemente y proteger la institucionalidad será determinante para que Colombia no entre en una crisis fiscal que afecte servicios esenciales.