Colombia enfrenta un pulso entre lo que el gobierno está dispuesto a recortar y lo que los economistas dicen que realmente necesita el país para frenar el descontrol de las finanzas públicas. El presupuesto de 2026 fue aprobado por $546,9 billones, pero llegó desfinanciado desde el principio: se planeaba cubrir un agujero de $16 billones con una reforma tributaria que nunca prosperó en el Congreso. Ahora, sobre esa base inestable, el gobierno reconoció que tendrá que hacer un recorte de $25 billones.

El problema es que esa cifra no cierra las cuentas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, una entidad que vela porque el país no gaste más de lo que puede, calcula que hace falta recortar entre $32 y $42 billones dependiendo de cómo evolucionen las cosas. La diferencia no es un detalle: significa que el plan del gobierno deja un faltante de recursos equivalente a entre el 1,6% y el 2,1% del PIB. En dinero corriente, eso se traduce en que el país seguirá ahondando un hoyo de proporciones que comprometen la estabilidad de toda la economía. El Carf fue claro: "es poco probable que ese escenario se materialice" si no hay claridad sobre qué exactamente se va a cortar.

Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, apunta al núcleo del problema: el gobierno tiene un anuncio bonito sobre papel, pero no tiene plan. "En particular del Ministerio de Hacienda no existe ningún documento que permita precisar qué programas o proyectos se van a recortar, en qué momento se va a hacer". Peor aún, Mejía considera que el recorte de $25 billones es insuficiente. El país cerró 2025 con un déficit del 6% del PIB, cuando históricamente el nivel sostenible estaba cerca del 3%. Eso significa que el ajuste real debe ser mucho mayor: cercano al 3% del PIB, o sea unos $60 billones en el orden de magnitud que manejamos.

Los expertos coinciden en que esto no se resolverá solo con cuchilla. Mejía advierte que la siguiente administración tendrá que no solo recortar gasto de inversión (lo que usualmente es más fácil porque es más flexible), sino también de funcionamiento y transferencias sociales que en Colombia están mal focalizadas. Andrés Pardo, de XP Investments, identifica un truco más: en 2025, el gobierno hizo operaciones de manejo de deuda que permitieron que los gastos de intereses aparecieran menores en el presupuesto de lo que realmente son. El costo real de la deuda está subiendo. Antes representaba el 3% del PIB; ahora supera el 4% y seguirá creciendo en los próximos años.

La urgencia es real. Sin un plan específico y sin medidas que produzcan ahorros permanentes, la deuda colombiana retomará una trayectoria ascendente que socavará la estabilidad macroeconómica. El Carf pidió explícitamente que "el Gobierno, el Congreso de la República y la sociedad civil en general acuerden medidas estructurales para revertir la crítica situación fiscal". La pelota está en la cancha política, pero mientras tanto, el reloj del deterioro fiscal sigue corriendo.