El Gobierno Nacional encendió las alarmas nuevamente con su intención de obligar a los fondos privados a entregar a Colpensiones más de 25 billones de pesos que los colombianos han ahorrado para su vejez. Según el proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo, cuatro grandes administradoras (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) tendrían solo 15 días hábiles para realizar este traslado. Aunque suena como una medida urgente, los expertos alertan que contradice lo que el Congreso aprobó en la reforma pensional de 2024 y traería consecuencias serias para el país.

Hay que entender primero de dónde vienen estos 25 billones. La reforma pensional que fue aprobada en 2024 permitió a trabajadores que están cerca de jubilarse (menos de 10 años) cambiar de un fondo privado a Colpensiones o viceversa hasta julio de 2026. Más de 119 mil personas optaron por esta opción. La ley es clara: esos ahorros deben permanecer en los fondos privados hasta que cada persona se jubile, momento en el cual pasarían al Banco de la República. El decreto que prepara el Gobierno saltaría estas reglas.

El primer problema que identifican los expertos es el riesgo para tus mesadas futuras. Andrés Velasco, presidente de Asofondos (la asociación que agrupa a los fondos privados), explica que Colpensiones necesita 35 billones este año para pagar las pensiones que ya promete. Los 25 billones ayudarían, pero con una trampa: el Gobierno estaría usando dinero que la ley ordena conservar como ahorro. Además, Colpensiones enfrenta un problema demográfico: hoy necesita 7,8 trabajadores aportando para pagar una pensión mínima, pero solo tiene 7. En 10 años serán 4, y en el futuro apenas 2 colombianos aportarán por cada pensionado. Gastar estos ahorros ahora empeora ese desbalance.

El segundo riesgo golpea en la billetera de todos. Esos 25 billones no están en efectivo: están invertidos en acciones (como Ecopetrol), bonos, proyectos de infraestructura y otros activos. Para trasladarlos en 15 días, los fondos tendrían que vender todo a la carrera. Imagine que usted necesita vender su casa urgentemente en una semana: tendría que hacerlo mucho más barato. Algo parecido pasaría en los mercados: los precios de esos activos caerían. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, advierte que más del 35 por ciento de estas inversiones están en deuda del Gobierno (TES). Cuando cae el precio de estos bonos, sube la tasa de interés que el país debe pagar por su deuda, encareciendo el costo de financiarse. En un presupuesto que ya gasta más del 25 por ciento en pagar deuda, esto sería otro golpe.

El tercer problema es el hueco fiscal. Si Colpensiones recibe estos 25 billones y los gasta en 2026, el Ministerio de Hacienda se vería liberado de gastar ese dinero del presupuesto nacional. Parecería bueno, pero la realidad es que alguien más tendrá que cubrirlo después. Los próximos gobiernos enfrentarían un hueco de la misma proporción (25 billones) que tendrían que rellenar con impuestos o cortando gasto en otros lados. En un país donde las finanzas públicas están apretadas, esto es agravar el problema.

Lo más preocupante para los expertos es que todo esto sucede en medio de un proceso electoral: el próximo 8 de marzo se elige congresistas y a finales de mayo habrá primera vuelta presidencial. Si el decreto se expide, Asofondos presentaría una demanda ante el Consejo de Estado, pero hay un obstáculo: con solo 15 días para ejecutar, el tribunal podría no tener tiempo para detener la operación. Por eso los especialistas piden al Gobierno que busque otras salidas: reducir gastos en el corto plazo, ahorrar más, pero no tocar el ahorro pensional que la ley ordena proteger.