El Gobierno sacó adelante su apuesta por un aumento "real" en el salario mínimo. Una semana después de que una corte suspendiera temporalmente el decreto, el ministro de Trabajo confirmó que conservará el incremento de 23,7% para 2026. El resultado: el salario básico quedará en $1,75 millones, más $249.095 de auxilio de transporte, para un total aproximado de $2 millones mensuales.

Esto representa un salto desde los $1,4 millones de 2025. Pero aquí viene lo importante para entender el impacto real en el bolsillo: la inflación del año pasado fue de 5,1%. Si el salario sube 23,7% cuando los precios solo subieron 5,1%, significa que los trabajadores ganaron alrededor de 18 puntos porcentuales de poder adquisitivo adicional. Esa cifra es llamativa porque el gremio de administradores de fondos de pensiones alerta que no se ve un aumento real de esta magnitud en los últimos 50 años.

¿Por qué preocupa a los pensionados? Asofondos explica que cuando el salario mínimo sube más rápido que la productividad y la inflación, el Gobierno transfiere el costo de esa diferencia a quienes cotizan y a quienes ya están jubilados. El cambio es técnico pero tiene consecuencias concretas. Para acceder a una pensión de jubilación (técnicamente una "renta vitalicia"), una persona necesita acumular un capital mínimo. En 2025, ese capital rondaba los $350 millones. Para 2026, el cálculo marca aproximadamente $550 millones. Eso quiere decir que un colombiano promedio tendría que ahorrar unos $200 millones adicionales solo para poder jubilarse. Es como si de la noche a la mañana subieran el precio de entrada a la jubilación en casi 60 por ciento.

El documento de Asofondos también subraya un problema más inmediato: el seguro previsional (ese que protege a los afiliados si quedan inválidos o mueren antes de jubilarse) está bajo presión. Por ley, la prima de este seguro más la comisión de la administradora no puede superar el 3% de lo que cotizan los trabajadores. Actualmente, ese costo está en 2,63%. Si el salario sigue subiendo al ritmo del año pasado, el costo del seguro podría rebasar ese techo legal en los próximos años. El problema: las administradoras no pueden cobrar más sin violar la ley, y las aseguradoras no pueden asumir esos costos. Con solo tres aseguradoras en el mercado (cuando hace años había nueve), el riesgo es que alguna simplemente se retire, dejando a más de 19 millones de afiliados sin cobertura ante invalidez o muerte.

Hay otro efecto que golpea particularmente: cerca de 12.400 personas que tenían derecho a pensionarse con las reglas anteriores ahora no pueden hacerlo. Significa que seguirán cotizando años más. De esos, aproximadamente 1.300 ya superaron la edad normal de jubilación. En promedio, deberán trabajar 4,6 años adicionales; en casos extremos, hasta 20 años más. El gremio identificó casos de un hombre de 68 años y una mujer de 62 años que entran en esta situación.

Colpensiones, el fondo del sistema público, ajustó las mesadas de sus pensionados según el nuevo salario mínimo. El 60,8% de las pensiones se reindexan con el aumento salarial (llegando a $1,7 millones si reciben el mínimo), mientras que el 39,2% restante se ajusta con la inflación del 5,1%. El presidente de Colpensiones enfatizó que la normativa garantiza que ninguna pensión baje del salario mínimo. Pero en el sistema privado, donde la mayoría cotizan, la ecuación es diferente y mucho más restrictiva.