En el bolsillo del colombiano promedio, el Estado cuesta mucho más de lo que muchos creen. De cada tres pesos que genera la economía, uno se va para pagar el funcionamiento del aparato estatal. Eso significa que el Estado consume el 33% del Producto Interno Bruto, la suma de todo lo que produce el país. Para varios analistas económicos, esta cifra está hinchada. Según ellos, el Estado debería representar apenas el 28% de la economía. Esa diferencia de 5 puntos porcentuales no parece grande en los discursos políticos, pero en dinero real significa aproximadamente 75 billones de pesos que se están destinando a mantener un aparato público más grande de lo necesario.

La situación se refleja en cómo se gasta el dinero público. Del presupuesto para 2026, dos terceras partes se van para pagar sueldos, gastos administrativos y funcionamiento general de los ministerios e instituciones (358,1 billones de pesos). Luego viene el pago de deuda: 100,4 billones de pesos. Lo que queda para hacer carreteras, escuelas, hospitales e inversiones que generen desarrollo apenas llega al 16% del presupuesto total, unos 88,4 billones de pesos. Es como si una familia dedicara la mayoría de sus ingresos a pagar arriendo y servicios, dejando migajas para ahorrar o invertir.

El gasto de funcionamiento del Estado ha crecido de manera preocupante en los últimos años. Entre 2023 y septiembre de 2025, el gobierno Petro ha gastado 880,8 billones de pesos en funcionamiento. Para tener perspectiva, durante todo el gobierno de Iván Duque, que duró cuatro años completos, se ejecutaron 793,7 billones de pesos en este concepto. En otras palabras, en apenas tres años, el gobierno actual ha gastado 87 billones de pesos más en mantener la máquina estatal que lo que gastó toda la administración anterior en cuatro años. Como dijo Mateo Castaño, especialista en finanzas, "durante el gobierno Petro el gasto ha aumentado, en términos nominales, unos $100 billones. Hasta hace no mucho el Estado colombiano hacía básicamente lo mismo con bastante menos".

¿Qué pasaría si se hiciera ese recorte de 75 billones de pesos? Según Castaño, los efectos serían visibles en el bolsillo de todos. Primero, el déficit fiscal (lo que el Estado gasta de más de lo que recauda) bajaría del 6,8% al 1,8% del PIB. Segundo, al reducirse el riesgo de que el país no pueda pagar sus deudas, bajarían las tasas de interés para los créditos que toman empresas y personas. Si usted quiere un préstamo para comprar casa o un carro, terminaría pagando menos intereses. Tercero, al gastar menos en pagar deudas, habría margen para reducir impuestos, lo que dinamizaría la economía.

El problema es que identificar dónde hacer esos recortes no es sencillo. Henry Amorocho, especialista en hacienda pública, plantea que la solución no es simplemente meter la tijera al azar. Según él, hace falta una revisión profunda del Estado que identifique dónde hay duplicidades. Por ejemplo, señala que "se observan duplicidades en el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Minas, pero también dentro del Ministerio de Hacienda y la Presidencia, donde sobran entidades y funciones". El Estado tiene departamentos diferentes que hacen lo mismo, gastando dinero innecesariamente.

Otra fuente importante de desperdicio, según Amorocho, es el uso desmedido de contratos por prestación de servicios. Esta práctica, extendida durante 30 o 40 años, representa un gasto de más de 15 billones de pesos. Solo controlando eso se podría financiar reformas tributarias importantes. Con un análisis detallado de funciones, procesos y eliminación de cargos duplicados, se podrían recuperar entre 20 y 30 billones de pesos adicionales. En el lado de los ingresos, Amorocho propone revisar a fondo quién paga impuestos y cuánto paga, especialmente en IVA (el impuesto a las compras) y renta (lo que ganan las personas y empresas). Con todos estos ajustes combinados, se llegaría a los 75 billones de pesos necesarios para equilibrar las cuentas públicas. El desafío del próximo presidente será actuar como un buen gerente: hacer más con menos, logrando un Estado eficiente que no dependa de endeudamiento para funcionar.