Las movilizaciones en varias regiones del país reflejan una tensión que afecta directamente a los bolsillos: ciudadanos y productores que de un año a otro no pueden pagar el impuesto predial porque el valor de sus propiedades se disparó. Lo que comenzó como una actualización técnica del catastro se convirtió en un golpe tributario sin control, y las consecuencias las está viviendo la gente en el terreno.

El punto de quiebre estuvo en el Artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en 2023. Este artículo le dio al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) autoridad para actualizar avalúos en todo el país sin criterios claros ni garantías de participación ciudadana. Con la Resolución 2057 de 2025, el IGAC validó incrementos de avalúo rural que en algunos casos llegaron a 422.532%, 518.438%, 1.528.855% e incluso 2.505.119%. Como resultado, 78.967 personas nuevas tendrán que declarar impuesto de renta y 1.393 deberán pagar impuesto al patrimonio a partir de 2026, según datos del propio IGAC.

El problema, sin embargo, va más allá de los números. El catastro multipropósito fue diseñado para ordenar el territorio y mejorar la información, no para convertirse en una máquina de recaudo. Cuando la prioridad deja de ser el ordenamiento territorial y se convierte en recaudación, el sistema pierde su esencia. Los concejos municipales definen las tarifas, pero fue el Gobierno quien alteró la base gravable, es decir, los avalúos catastrales. Sin esos valores desbordados, ninguna tarifa municipal habría generado este impacto.

En el campo la situación es especialmente grave. La tierra no produce flujos constantes de dinero, pero ahora tiene que pagar impuestos como si los generara. Esto afecta la propiedad, distorsiona el mercado rural y desalienta la producción de alimentos. Además, los municipios quedan con una ilusión fiscal: ingresos que en papel se ven grandes pero que en la realidad difícilmente se van a recaudar, porque cuando un impuesto se vuelve impagable, deja de ser una fuente sostenible de ingresos.

La alternativa que se plantea es que la valoración de la tierra no puede basarse únicamente en criterios de mercado. Tiene que incorporar la productividad efectiva del predio. Se trata de avanzar hacia un sistema más justo que no expulse a los propietarios de sus tierras, sino que incentive la producción y ofrezca alivios reales para quienes generan empleo y conservan el territorio.

Lo cierto es que hoy los colombianos están pagando prediales que se sienten confiscatorios, resultado de decisiones tomadas desde el Gobierno central que alteraron las reglas del juego sin que muchos pudieran verlo venir. Los tribunales tendrán que decidir si estos incrementos desproporcionados fueron legales, pero mientras tanto, las familias siguen sintiendo el peso en sus bolsillos.