Un accidente de tránsito en la carretera que conecta Riohacha con Maicao dejó un saldo de una vida perdida y dos personas gravemente heridas. Los afectados eran tres hombres de la etnia Wayuu que viajaban en una motocicleta sin luces cuando colisionaron con un vehículo oficial de Migración Colombia la noche del 13 de mayo de 2025. El hecho generó un proceso de indemnización que terminó esta semana, pero no fue un trámite corriente: involucró dos sistemas de justicia que tuvieron que coexistir para lograr un acuerdo.

Desde el primer momento, Migración Colombia activó mecanismos de conciliación que respetaran tanto las leyes ordinarias como los usos y costumbres del pueblo Wayuu. Las familias pedían una indemnización cercana a 800 millones de pesos, pero la entidad coordinó con la aseguradora para llegar a un acuerdo dentro de los márgenes permitidos. El resultado fue un pago de 200 millones de pesos distribuido entre la familia del fallecido y los dos hombres que resultaron heridos.

Lo interesante es cómo se selló este acuerdo. No hubo ceremonias formales ni trámites burocráticos al estilo tradicional. El cierre del caso ocurrió en una ranchería, en el corazón del territorio Wayuu, donde personas de ambas partes se dieron la mano, compartieron café y abrazos, con compromisos hechos a la palabra. Uno de los funcionarios guardó incluso una fotografía donde abraza a la madre del joven que falleció, como testimonio de ese momento de encuentro.

En este proceso jugaron un papel clave los palabreros, figuras fundamentales en la resolución de conflictos dentro de la comunidad Wayuu. Orangel Bouriyú representó a Migración Colombia mientras que Luis López Gouriyu actuó en favor de las víctimas. Estos mediadores tradicionales llevaron la palabra de un lado al otro, construyendo consensos hasta lograr que todas las partes aceptaran la solución.

Como condición para el pago, la aseguradora exigió que las familias renunciaran a perseguir penalmente el caso por lesiones personales y por el fallecimiento. Aunque podría parecer un obstáculo, fue aceptado dentro del acuerdo, permitiendo cerrar el caso en la jurisdicción ordinaria y evitar que procesos judicales se extendieran durante años.

La intervención de los palabreros fue decisiva para que este encuentro entre dos sistemas de justicia funcionara. Su conocimiento profundo de la ley Wayuu y su capacidad de mediar permitieron que el proceso avanzara respetando las tradiciones del pueblo mientras se garantizaba una reparación económica para las familias afectadas por la tragedia.