La mañana del martes dejó un hecho que encendió las alarmas de inseguridad en Riohacha. En el corregimiento de Tigreras, zona rural del distrito, un vehículo que distribuía gaseosas a tiendas locales fue incinerado en lo que ya comienza a apuntar como un acto de extorsión. El hecho puso en jaque a comerciantes y transportadores de la región, quienes vieron cómo una herramienta fundamental para sus negocios terminó completamente destruida.

Según lo reportado, dos hombres en motocicleta interceptaron el vehículo en plena jornada. Lo que pasó después fue directo y violento: intimidaron tanto al conductor como a su acompañante, los obligaron a bajarse y luego le prendieron fuego al carro. En minutos, la distribuidora perdió un activo importante para mantener abastecidas las tiendas de la zona.

Las autoridades no tardaron en plantear una hipótesis que resuena con preocupación entre los habitantes. Todo indica que detrás de este ataque está la presión extorsiva, es decir, criminales exigiendo dinero bajo amenaza. El análisis preliminar sugiere que el vehículo pudo haber sido quemado porque el negocio se negó a pagar lo que le exigían ilegalmente, o porque transitaba una zona donde grupos delictivos intentan imponer "peaje" en el corredor minero del distrito.

Este tipo de acciones, desde la perspectiva legal, configura delitos graves como extorsión agravada y terrorismo. La quema de vehículos es una táctica clásica en estas operaciones criminales: envían un mensaje claro y aterrador a quien no acceda a sus demandas económicas. El daño no solo afecta a quien lo sufre directamente, sino que congela toda la cadena de negocios en la zona.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación activaron operativos para dar con los responsables. Paralelamente, han reforzado la presencia en Tigreras para garantizar que comerciantes y transportadores puedan seguir trabajando sin vivir en el temor de sufrir nuevos ataques. Las autoridades piden a la comunidad que denuncie cualquier información sobre los hechos, porque en estos casos cada dato puede ser clave para detener a quienes aterrorizan a los trabajadores de la región.