El agro colombiano enfrenta una nueva preocupación que se suma a sus dificultades económicas actuales. La actualización catastral que comenzó el 1 de enero de 2026 ha elevado los avalúos de predios en 527 municipios del país, una medida que busca reducir el atraso histórico en la valoración de tierras pero que genera temor sobre el aumento en los impuestos que deben pagar los propietarios rurales.

El problema es bastante concreto: cuando suben los avalúos catastrales (que es el valor oficial que las autoridades asignan a un terreno), automáticamente aumenta la base sobre la que se calcula el impuesto predial unificado que cobran los municipios. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en los 520 municipios incluidos en esta actualización se añadieron 1,92 millones de predios al proceso. El 89,9% de estos predios tenía un avalúo inferior a 50 millones de pesos antes del ajuste, y el 35,1% estaba valorado en menos de 2 millones.

Los agricultores ven esto como una amenaza real a sus bolsillos. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), lo expresó con claridad: "Más cargas tributarias, en un escenario donde los márgenes de la ruralidad son estrechos y muchos sectores como papa, arroz, tomate o huevo y cerdo, de precios a la baja, atenta contra la rentabilidad del renglón". El punto es crucial: mientras que el sector agrícola ya enfrenta costos de producción elevados por la inflación en insumos, sumamente vinculada a la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, ahora también debe anticipar más impuestos. Bedoya advirtió que esto genera una señal de inseguridad en las reglas de juego para una actividad tan esencial como la seguridad alimentaria del país.

Sin embargo, el gobierno sostiene que hay protecciones en place. Camila Andrea Baquero, subdirectora General del Igac, explicó a Portafolio que existen leyes que establecen límites a los aumentos del impuesto predial: para predios menores a 100 hectáreas, el impuesto no puede crecer más del 50% de lo que se pagó el año anterior, y para predios mayores a 100 hectáreas, el límite es del 100%. Baquero argumentó que "habrá una transición suave y manejable para las finanzas de las empresas, con una menor afectación a la agroindustria".

Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, añadió que la actualización catastral ha permitido reducir el rezago de avalúos de más de 12 años a alrededor de cuatro años en los 859 municipios ya actualizados. Destacó que se han diseñado mecanismos específicos, como el Conpes 4177, para evitar que los aumentos de avalúos se traduzcan automáticamente en aumentos proporcionales del impuesto predial. No obstante, González reconoció una limitación importante: "el impacto agregado del conjunto de impuestos aún no ha sido estimado", lo que significa que se desconoce el efecto total que tendrán todos los tributos juntos sobre los agricultores.

El dilema es claro: mientras que técnicamente la actualización catastral busca modernizar un sistema que estaba muy desfasado respecto a la realidad del mercado de tierras, su implementación ocurre en un momento particularmente vulnerable para el sector agrícola, con márgenes de rentabilidad ya comprimidos y costos en aumento.