Detrás del aumento de 23% que el Gobierno decretó para el salario mínimo hay un debate técnico que explica por qué el ajuste es más alto de lo que históricamente lo hubiera sido. La realidad es que solo una parte del incremento viene de los criterios económicos convencionales que Colombia ha usado durante décadas. El resto viene de un concepto más reciente y controvertido: el "salario vital".

Para entenderlo en números simples: si el Gobierno solo hubiera aplicado los criterios que la ley ha marcado desde 1996 (inflación esperada, productividad, crecimiento del PIB), el salario mínimo habría subido 13,6%. Eso significaría apenas unos 193 mil pesos adicionales mensuales, llegando a 1.617.096 pesos sin contar el auxilio de transporte. Pero el decreto incorpora un componente extra de 9,4% que completa el incremento hasta 23%, agregando otros 330 mil pesos aproximadamente. Este 9,4% representa el 40% de todo el aumento decretado.

¿De dónde sale ese 9,4% adicional? El Gobierno lo justifica con el concepto de "salario vital", que parte de una idea diferente: el salario no debe ser solo una remuneración mínima, sino lo suficiente para que un trabajador y su familia puedan acceder a alimentación, vivienda, salud y educación. En otras palabras, dinero para vivir con dignidad, no apenas para sobrevivir. El Gobierno respalda esta decisión en estudios de 2024 de la Organización Internacional del Trabajo que concluyeron que el costo real de la vida en Colombia es 23% más alto que lo que cubre el salario mínimo actual.

Sin embargo, el Consejo de Estado ordenó que cualquier decreto sobre salario mínimo debe cumplir con todos los criterios que la ley establece, incluidos los económicos tradicionales. Mientras el tribunal judicial revisa las demandas presentadas contra este incremento, el salario que rige por ahora es el de dos millones con auxilio de transporte. La decisión final sobre si este desglose entre componentes económicos y "vitales" es legal o constitucional aún está en manos de los magistrados.