El impuesto al patrimonio que el Gobierno acaba de crear está encendiendo las alarmas en las universidades privadas del país. El Ministerio de Educación pidió oficialmente crear una mesa de trabajo con Hacienda para analizar qué tan profundo es el daño que causará esta medida en el bolsillo de las instituciones y, por consiguiente, en el de los estudiantes.

La petición llegó directamente del ministro de Educación, quien comunicó públicamente que solicitó "constituir prontamente una mesa técnica" para examinar cómo afectará el nuevo gravamen a las universidades privadas. El Ministerio de Educación envió una carta oficial al de Hacienda el 26 de marzo, proponiendo que la reunión se lleve a cabo entre el 6 y el 10 de abril. La idea es abrir un diálogo que permita revisar cómo se implementará esta medida en sintonía con las características propias del sector educativo.

El decreto que creó el impuesto obliga a las personas jurídicas a pagar una tarifa del 0,50% sobre su patrimonio. En términos reales, esto significa que entre 75 y 80 universidades privadas en Colombia tendrán que hacer estos pagos. Los números que maneja el sector son contundentes: la recaudación llegaría a 135 mil millones de pesos. Para entender qué significa eso: con esa cantidad se podrían crear aproximadamente 15 mil nuevos cupos en educación superior o financiar miles de becas para estudiantes de bajos ingresos.

Aquí está el nudo del problema. Las universidades argumentan que sus patrimonios no son dinero disponible que puedan gastar libremente. Se trata de edificios, laboratorios, bibliotecas y campus que están completamente dedicados a que funcione la educación. Es decir, están pidiendo que se les cobre impuesto sobre activos que ya están siendo usados para prestar un servicio sin ánimo de lucro. Esto llevó a que un grupo de universidades presentara una demanda ante la Corte Constitucional pidiendo que tumben el decreto o, cuando menos, que las excluyan de este impuesto.

El rector de Uniminuto, Harold Castilla, ilustró concretamente lo que significa esto. Su universidad deberá pagar cerca de dos mil millones de pesos en dos cuotas durante abril y mayo. Eso requiere "un esfuerzo grande" que podría obligar a las instituciones a buscar dinero en otro lado: en los bolsillos de los estudiantes. Castilla advirtió que existe el riesgo de que algunas universidades terminen subiendo las matrículas para compensar. Esto ocurre en un momento en el que las universidades privadas ya enfrentan presiones por aumentos en los salarios mínimos y porque la cantidad de estudiantes inscritos ha caído.

La controversia escaló al ámbito legal. Las universidades argumentan que el impuesto viola principios constitucionales como la equidad tributaria y la capacidad de pago. En su demanda también señalan que obligar a gastar recursos en impuestos desviará dinero que actualmente va a investigación, funcionamiento académico y apoyo a estudiantes. Con más de 1,2 millones de estudiantes matriculados en universidades privadas, cualquier efecto en la sostenibilidad de estas instituciones afectaría directamente a millones de colombianos y sus familias.