Cuando un inversor de la talla del Fondo Soberano de Noruega saca su dinero de una compañía, es un golpe que duele. Y más si es una petrolera colombiana de envergadura como Ecopetrol. Eso pasó esta semana: el fondo nórdico decidió excluir a la estatal de su portafolio tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que encontró que Ecopetrol y su filial Cenit no tomaron las medidas necesarias para prevenir y reparar daños que afectaron al pueblo indígena Awá. El problema específico: derrames de crudo en el Oleoducto Transandino.

La respuesta de Ecopetrol fue rápida. La empresa salió a defender su actuación, explicando que lleva una política de derechos humanos desde 2009, actualizada más recientemente en 2025. Dicen tener estándares alineados con las normas internacionales de Naciones Unidas y que exige a sus trabajadores, contratistas y proveedores cumplir con altos estándares en derechos humanos. Traducción: la compañía sostiene que sí tiene los mecanismos en la teoría, incluso antes de que esta fuera moda en las corporaciones.

En lo concreto, Ecopetrol enumera acciones: profundizó un tramo del Oleoducto Transandino que interfería con el acceso a la Casa de la Sabiduría Marcos Pai, trabajó directamente con autoridades indígenas, y entre 2024 y 2025 invirtió más de 11.800 millones de pesos en programas socioambientales en Putumayo y Nariño. La filial Cenit también desarrolló un proyecto llamado Mecanismos de Acción y Participación Ciudadana (MAPS) para fortalecer el diálogo con las comunidades donde opera.

Hay un argumento que Ecopetrol enfatiza: que tanto la Corte Interamericana como la Corte Constitucional han reconocido que las afectaciones mencionadas por el fondo noruego "se derivan de hechos atribuibles a terceros en el marco del conflicto armado, y no de actuaciones propias de la compañía". En otras palabras, culpa a otros actores de la violencia en la región, no a sus propias operaciones.

Lo que viene ahora es un ciclo de reuniones técnicas que Ecopetrol propone con el Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega. El objetivo es presentar avances en derechos humanos y convencer al fondo nórdico, conocido por ser uno de los inversores más rigurosos del mundo en estas materias, de que sus prácticas están alineadas con lo que los mercados globales esperan hoy en día.