El sindicato de Ecopetrol levantó la voz este jueves en Barrancabermeja contra una decisión que consideran amenazante para miles de trabajadores petroleros. Trabajadores protestaron en las instalaciones de la refinería para rechazar la reducción de inversiones en los campos maduros de la región, esos yacimientos que ya no tienen el ritmo de producción de antes pero siguen siendo importantes para la compañía estatal.

Según la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más grande de la industria petrolera en Colombia, Ecopetrol planea reducir la inversión en estos campos un 30 por ciento. Esto significa menos dinero fluyendo hacia exploración y producción, lo que eventualmente podría significar menos petróleo sacado del terreno. Para los trabajadores y sus familias en el Magdalena Medio, donde la economía depende principalmente del petróleo, esto es una señal de alerta roja.

El presidente de la USO, Martín Ravelo, fue más allá en sus denuncias. Advirtió que no solo se invertirá menos dinero, sino que buena parte de estos campos maduros serían entregados a empresas privadas. Específicamente mencionó que campos como Teca-Nare, que produce alrededor de 15.000 barriles diarios, serían transferidos a una compañía llamada Montajes J.M., cuyo dueño es Jorge Moreno. Ravelo también señaló que otros campos importantes como Casabe, Provincia, Tisquirama y San Roque estarían en esa lista de transferencias.

La preocupación del sindicato va más allá de cifras. "Podría afectar la estabilidad laboral y la economía regional", advirtió la USO. El gremio calcula que más de 100.000 empleos en la industria petrolera podrían verse afectados. Para los trabajadores actuales de Ecopetrol que operan estos campos, ser transferidos a una empresa privada significa cambios en sus condiciones laborales que les costó años de luchas conquistar.

Ravelo fue directo al caracterizar la medida: la entrega de estos campos representaría "un descalabro" para Ecopetrol, porque la compañía perdería la operación directa de activos estratégicos. Además, aseguró que significaría una "masacre laboral" pues los trabajadores de Ecopetrol dejarían de operar esos campos, lo que implicaría "precarización laboral de los trabajadores, de contratistas cuyas reivindicaciones laborales nos ha costado tanto sacrificio construir".

La denuncia del sindicato no quedó sola. Una veeduría ciudadana también presentó una alerta a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría sobre estos planes de transferencia. Vale mencionar que la empresa a la que irían estos campos actualmente es investigada por la fiscalía por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Frente a todo esto, la USO hizo un llamado al gobierno nacional a no debilitar la industria del petróleo y el gas. El sindicato argumenta que está en juego "la seguridad energética del pueblo colombiano", es decir, que el país pueda producir su propia energía y no depender completamente de importaciones.