Una decisión judicial puso en el foco de atención al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, después de que un juzgado laboral de Bogotá le ordenara cinco días de cárcel por desacatar una orden de tutela. La medida también alcanza a la secretaria general de la entidad, Ángela Lorena Ortiz Rosero, y ambos funcionarios deberán pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales cada uno.

El conflicto nació en noviembre de 2025, cuando la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia pidió a la ANT información sobre la compra de un terreno llamado "Peñasgordas" en Dagua, Valle del Cauca. Valencia quería saber detalles del proceso de adquisición de este predio porque cuestionaba la legalidad de la operación dentro de los programas de compra de tierras del Gobierno. Como la ANT no respondió en los plazos obligatorios, Valencia presentó una acción de tutela (un mecanismo judicial para proteger derechos fundamentales) en diciembre de 2025, y el juzgado le dio la razón. La orden era clara: la entidad tenía 48 horas para responder de fondo.

Pero aquí está el problema. Cuando el despacho revisó si la ANT había cumplido, encontró que más de 50 días hábiles habían pasado sin que se demostrara que la información se envió. Por eso el juzgado concluyó que hubo desacato a una orden judicial y aplicó esta sanción. Este tipo de medidas existen específicamente para obligar a autoridades públicas a cumplir decisiones judiciales que protegen derechos fundamentales como el acceso a la información pública.

Valencia salió a cuestionar públicamente la actuación de la ANT, subrayando que la sanción llegó justamente porque no entregaron lo solicitado. Harman, por su lado, mantiene que la agencia sí respondió al requerimiento y que ya presentó documentos ante el juzgado que lo demostrarían. Su equipo jurídico está buscando que el despacho revise la decisión y ordene revocar el arresto.

Mientras tanto, el juzgado debe analizar las pruebas que presentó la ANT para decidir si mantiene o levanta la orden. Este caso toca un nervio sensible en la política colombiana: la transparencia en cómo el Estado compra y entrega tierras en programas de reforma agraria, un tema que siempre genera debate público.