Falta poco para que Colombia vote por sus nuevos congresistas, pero las autoridades ya tienen las manos llenas. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, actualmente investigan 14 macrocasos de delitos electorales. La Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que estas pesquisas involucran candidatos al Congreso, operadores políticos regionales e incluso al entorno del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. Lo más preocupante: en diferentes operativos encontraron altas sumas de dinero en efectivo acompañadas de propaganda política.

Los delitos bajo investigación van desde constreñimiento al sufragante (presionar a la gente para que vote por alguien) hasta financiación irregular de campañas, suplantación de votantes y posibles operaciones de lavado de activos. La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) trabajan en conjunto para establecer de dónde salen esas sumas millonarias que aparecen en operativos.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en La Guajira. La Policía capturó al escolta de Lacouture cuando transportaba 145 millones de pesos distribuidos en sobres de manila, cada uno marcado con nombres y números telefónicos de líderes políticos locales. Lacouture aseguró que no tenía relación con el dinero y que su escolta realizaba una diligencia personal, pero el episodio motivó nuevas revisiones sobre movimientos financieros asociados al funcionario. La Uiaf identificó seis transacciones por cerca de 130 millones de pesos cuyo origen no correspondería directamente a productos financieros del secretario de la Cámara.

En total, según EL TIEMPO, en 10 departamentos como La Guajira, Córdoba, Antioquia, Tolima, Meta, Huila, Valle del Cauca, Santander, Sucre y Chocó, las autoridades han decomisado alrededor de 2.000 millones de pesos en efectivo y capturado 20 personas en medio de movimientos inusuales de dinero durante la campaña. En las investigaciones aparecen mencionados candidatos de partidos como el Conservador, Liberal, de la U, Nuevo Liberalismo y Cambio Radical.

Pero la compra de votos no es la única amenaza. Organismos del Estado como la Procuraduría, la Registraduría y la Defensoría del Pueblo han advertido sobre un segundo frente de riesgo: la desinformación. El procurador general, Gregorio Eljach, el registrador nacional, Hernán Penagos, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, coinciden en que la difusión de información falsa busca debilitar la confianza en el sistema electoral. La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que ya hay 69 municipios con riesgo electoral. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, alertó sobre "el impacto de la polarización y las noticias falsas" como uno de los principales desafíos de la contienda.

Ante este panorama, instituciones del Estado intentan tranquilizar. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, encabezó una reunión con representantes de la Procuraduría, la Contraloría, la Registraduría y la Defensoría del Pueblo, donde ratificaron la confianza en el sistema electoral colombiano. Sin embargo, el debate continúa. El exsenador Humberto de la Calle ha planteado la necesidad de reformar el Consejo Nacional Electoral para fortalecer su independencia frente a los partidos. Mientras tanto, las investigaciones siguen avanzando para evitar que estas prácticas afecten la legitimidad de las elecciones.