El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nombró a Diego Andrés Solano Osorio como nuevo Superintendente de Industria y Comercio este jueves 26 de marzo. El cambio ocurrió después de que el Consejo de Estado anulara el nombramiento de Cielo Rusinque por no cumplir los requisitos exigidos para el puesto. Rusinque presentó su renuncia el pasado 19 de marzo, decisión que fue aceptada por el presidente Gustavo Petro.

El tribunal supremo administrativo cuestionó el nombramiento de Rusinque en una demanda presentada contra el decreto expedido en febrero de 2024. Los magistrados encontraron que la designación incumplía requisitos académicos recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Específicamente, el fallo señaló la falta de experiencia de Rusinque en áreas como derecho comercial, competencia y protección al consumidor. El tribunal también cuestionó la transparencia del proceso de selección.

Rusinque respondió a la decisión cuestionando los fundamentos del fallo. Señaló que su docencia en Derecho Público y Constitucional en la Universidad Externado de Colombia, así como su experiencia como funcionaria estatal, acreditaban su preparación. "Se excluye sin fundamento una trayectoria profesional amplia, cualificada y plenamente pertinente para el ejercicio del cargo", expresó la ex directora del Departamento para la Prosperidad Social.

Solano, quien era jefe de asesores de Rusinque, lleva más de 10 años de experiencia profesional. Es abogado especializado en Derecho Comercial por la Universidad Externado de Colombia y tiene un magíster en Derecho Americano de la Universidad de Boston. Ocupará la superintendencia solo durante los cuatro meses que restan del actual gobierno.

El principal desafío de Solano será restaurar la autoridad institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de vigilar los mercados, proteger al consumidor y controlar las prácticas comerciales en el país. La disputa legal alrededor del nombramiento anterior debilitó la credibilidad de la institución ante el sector privado, los consumidores y otros actores del mercado.