La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales realizó dos operativos simultáneos que dejaron fuera de circulación maquinaria pesada y equipos electrónicos valorados en más de 11 mil millones de pesos. La causa común: los bienes no tenían los papeles en regla para estar legalmente en Colombia.

En Cartagena, los agentes aduaneros detuvieron dos vehículos tipo camión grúa en puntos de control carretero. El primero, interceptado en la carretera Mamonal vía Pasacaballos, tenía una carrocería telescópica con documentación inconsistente. Este equipo tiene un avalúo comercial de 4.736 millones de pesos. El segundo, capturado en el antiguo peaje de Gambote, alcanzaba un valor comercial de 4.900 millones. Juntos representan la mayor parte de lo aprehendido en la operación caribeña.

Lo que esto significa en términos prácticos: estos equipos estaban intentando circular en el país sin cumplir los requisitos que fija la normativa aduanera. Es decir, no tenían documentación que probara su correcta importación ni autorización para permanecer aquí. Sin esos papeles, un bien importado es contrabando, así sea maquinaria pesada legítima.

Pero las capturas no se limitaron a la costa. En el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, la DIAN desmanteló un cargamento que viajaba como mercancía ordinaria con 2.300 celulares, discos duros y tabletas sin documentación aduanera. El envío estaba valorado aproximadamente en 1.900 millones de pesos.

Según la DIAN, "los esfuerzos institucionales de la autoridad aduanera contra el contrabando no se detienen", como expresó Sandra Liliana Cadavid, directora de gestión de Aduanas. La entidad señaló que estos operativos buscan "cerrar todas puertas al ingreso de bienes que no cumplen con las disposiciones aduaneras y proteger la industria y producción nacional".

Lo anterior es relevante porque el contrabando, aunque a veces parece lejano, afecta el bolsillo del ciudadano común. Cuando bienes entran ilegalmente sin pagar aranceles ni impuestos, distorsionan los precios en el mercado y generan competencia desleal para los comerciantes que sí cumplen la ley. Además, reduce los ingresos fiscales que el Estado necesita para financiar servicios públicos.