Durante años en Colombia se mencionó la desalinización como una alternativa posible pero poco viable: costosa, que demandaba mucha energía y solo para países sin otras opciones. Esa idea es hoy simplemente obsoleta. En los últimos treinta años, esta tecnología experimentó una transformación sin precedentes. El consumo energético bajó de más de 10 kilovatios hora por metro cúbico a entre 3 y 4 en plantas modernas. Los costos que superaban tres dólares por metro cúbico en los años noventa hoy oscilan entre 50 centavos y 1,50 dólares en proyectos bien estructurados.

No se trata de una tecnología experimental. Más de veinte mil plantas operan como infraestructura ordinaria en ciudades, zonas industriales y territorios insulares de todos los continentes, con una capacidad instalada que supera los cien millones de metros cúbicos diarios. Es una solución probada con datos reales, no con supuestos teóricos.

Sin embargo, la expansión global dejó registro de errores que Colombia debe estudiar. El primero fue construir plantas sobredimensionadas para demandas que nunca se materializaron. El segundo, subestimar el costo de la energía, que representa entre el 30 y el 50 por ciento del gasto operativo total. El tercero fue tratar la salmuera (el residuo del proceso) como un detalle menor, cuando requiere modelación oceanográfica y monitoreo continuo. El cuarto, construir plantas como soluciones aisladas en lugar de complementar con reducción de pérdidas y gestión de demanda. Estos errores no son inevitables: son prevenibles con un diseño institucional adecuado.

Colombia no tiene escasez de agua a escala nacional, pero sí una distribución profundamente desigual. La Guajira enfrenta aridez extrema, fuentes superficiales escasas y una crisis hídrica que el Estado ha abordado con intervenciones puntuales sin arquitectura de largo plazo. Santa Marta funciona como ciudad, pero de manera frágil, dependiendo de fuentes limitadas y vulnerable a sequías. El golfo de Morrosquillo enfrenta demanda creciente por expansión industrial. En todos los casos, la respuesta oficial mira hacia el continente: trasvases desde el Magdalena, el Sinú o el Ranchería. Esos proyectos trasladan la dependencia en lugar de reducirla y su viabilidad está atada a cuencas que también enfrentan presiones climáticas crecientes.

Los obstáculos que quedan no son técnicos. Son energéticos, tarifarios e institucionales. El Caribe colombiano tiene tarifas eléctricas entre las más altas del país y un potencial solar aún más promesa que realidad en proyectos concretos. La desalinización requeriría integración de energías renovables desde el diseño. También existe una asimetría regulatoria: los esquemas tarifarios colombianos de subsidios cruzados no reflejan el costo real del agua desalinizada, generando proyectos técnicamente viables pero financieramente insostenibles bajo las reglas vigentes. Finalmente, si Colombia avanza con asociaciones público-privadas, debe definir con precisión cómo se distribuyen los riesgos de energía, demanda y variación de costos antes de estructurar cualquier proyecto.

Estos obstáculos no son irresoluble. Requieren decisiones que hoy no están tomadas y difícilmente se tomarán si la desalinización sigue apareciendo en la agenda pública solo cuando una ciudad entra en emergencia. Las decisiones bajo presión se toman mal, rápido y con consecuencias que perduran décadas. La desalinización no reemplazará ríos ni embalses, pero ofrece una confiabilidad que los sistemas convencionales no pueden garantizar ante la variabilidad climática que ya se observa. Su valor está en no depender de cuencas que también sufren presión. En La Guajira, Santa Marta y otras zonas costeras, esa demora no es una abstracción de política pública. Es agua que no llega a los hogares.