El ministro de Salud enfrenta ahora un proceso penal. Pacientes Colombia, la organización que reúne 202 asociaciones de afectados por decisiones en salud, lo denunció penalmente ante la Fiscalía acusándolo de incumplir de forma deliberada y reiterada órdenes de la Corte Constitucional. La denuncia cita específicamente el delito de fraude a resolución judicial.

La raíz del problema está en cómo se financia la salud en Colombia. La Unidad de Pago por Capitación, conocida como UPC, es básicamente el dinero que reciben las aseguradoras para atender a cada paciente. Desde 2008, la Corte Constitucional ha ordenado que este valor sea suficiente para garantizar la atención médica. Pero según Pacientes Colombia, el ministerio ha ignorado esa orden. En lugar de hacer estudios técnicos serios, habría fijado la UPC simplemente según la inflación, dejándola insuficiente. Además, los presupuestos para tratamientos y medicamentos especiales se pagarían tarde o incompletos.

Lo preocupante es que esto se viene repitiendo a pesar de advertencias explícitas. La Corte emitió autos (decisiones judiciales) en 2023 y 2024 advirtiendo sobre el problema, pero el ministerio habría continuado con las mismas prácticas. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, lo expresó así: "Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país, consideramos que la conducta del ministro constituye un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales vinculantes mediante actos aparentes de cumplimiento, que además son ineficaces".

Hay un segundo aspecto que genera suspicacia: las mesas técnicas donde supuestamente se discutía cómo asegurar que la UPC fuera suficiente. Según la denuncia, estas reuniones fueron meramente de fachada. Los denunciantes señalan que organizaciones de pacientes presentaron argumentos técnicos que fueron ignorados, que se restringió el acceso a información y que voceros del ministerio ya venían diciendo que no cumplirían las órdenes judiciales.

¿Qué pide Pacientes Colombia? Que la Fiscalía investigue penalmente al ministro Jaramillo y que mientras tanto se tomen medidas urgentes. Entre ellas solicitan la protección de quienes están denunciando para evitar represalias, y que se suspenda temporalmente al ministro de las decisiones sobre la UPC y el manejo de recursos mientras avanzan las investigaciones. Para los denunciantes, el desfinanciamiento que describen ya está afectando la atención médica concreta: menos servicios oportunos, medicamentos faltantes, tratamientos interrumpidos.

Este caso expone una tensión fundamental en la salud colombiana. Cuando los jueces ordenan que algo suceda para proteger derechos fundamentales y la administración no lo cumple, queda la pregunta incómoda: ¿de qué sirve una sentencia de la Corte si simplemente se ignora?