La Defensoría del Pueblo intervino ante el Consejo de Estado para defender el polémico decreto que el Gobierno aumentó el salario mínimo en un 23% para 2026. En su presentación, la institución argumentó que la decisión cumple con los requisitos constitucionales y legales que permiten al Ejecutivo fijar este valor mediante decreto cuando no hay acuerdo en las mesas técnicas de negociación.

Lo interesante del argumento de la Defensoría es que no solo habló de números. La entidad fue más allá de los indicadores económicos tradicionales. Explicó que "El concepto de remuneración mínima vital en el ordenamiento jurídico colombiano no puede entenderse únicamente como una cifra económica o un monto decretado anualmente. Se trata, por el contrario, de una garantía constitucional que trasciende la esfera del intercambio mercantil para ubicarse en el núcleo de la dignidad humana", según se cita en su concepto presentado ante el tribunal.

El decreto evaluó criterios técnicos como la inflación, la productividad laboral, el crecimiento económico y cómo los salarios contribuyen al ingreso nacional. Aunque la medida fue suspendida temporalmente mientras el Consejo de Estado examina sus posibles efectos negativos, la Defensoría insistió en que el incremento es necesario y protege derechos fundamentales.

La institución señaló algo crucial para entender el impacto real del aumento: este salario mínimo no afecta solo a trabajadores directos, sino a millones de hogares vulnerables. Muchos programas de subsidios gubernamentales están ligados a este valor, lo que significa que cuando sube el salario mínimo, también suben esos apoyos para las personas más necesitadas. Por eso la Defensoría recomendó "evitar escenarios de desprotección a los derechos que están reconocidos a favor de los trabajadores y trabajadoras tanto en la Constitución como en tratados internacionales".