Desde la madrugada del 18 de febrero, aproximadamente 200 manifestantes ocupan la entrada del Ministerio de Minas y Energía en Bogotá. Se trata de trabajadores de las centrales obreras CGT, CTC y CUT provenientes de industrias cañera, panelero y palmera del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda. Bloquearon deliberadamente el acceso para presionar al Gobierno y lograr que coloque atención sobre sus demandas económicas.

Los trabajadores fueron explícitos en sus intenciones: "no se moverán" hasta que se instale una mesa de diálogo con el ministro de Minas, Edwin Palma. Aunque ya hay funcionarios de la entidad escuchando sus solicitudes, entre ellos representantes de las áreas de Hidrocarburos y Diálogo, la protesta persiste porque exigen garantías concretas para el sector del etanol y biodiésel colombiano. Los manifestantes advirtieron que si no logran acuerdos favorables, convocarán marchas con mayor número de personas y procederán a bloquear vías.

El problema es más grave de lo que parece a primera vista. El sector enfrenta una crisis de comercialización brutal. Según un comunicado firmado por Sintrainagro, CUT, CTC y CGT, existe un sobreabastecimiento del 300%, lo que significa que hay más de 54 millones de litros de etanol almacenados sin poder venderse. Los tanques de los ingenios están rebosantes y no pueden recibir más producto, lo que amenaza con paralizarse completamente la producción.

¿Por qué llegamos a este punto? Las centrales obreras señalan que "la crisis se profundizó tras la modificación en la metodología para calcular el precio al productor de etanol, sumada a la preferencia de los comercializadores por importar etanol más barato desde Estados Unidos, lo que estaría desplazando la producción nacional". En otras palabras, cambió la fórmula que determina cuánto pagan por el etanol que producen aquí, y además empresas prefieren traer el combustible más barato del extranjero, dejando la producción local sin mercado.

Las consecuencias laborales son dramáticas. Si los ingenios cierran por falta de espacio y sin poder vender su producto, tendrían que despedir trabajadores. Los sindicatos advierten que están en riesgo cerca de 450.000 empleos formales en el suroccidente del país. No son cifras menores: estamos hablando de familias completas cuyo único ingreso depende de esta cadena agroindustrial.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que hay presencia de funcionarios en el sitio de concentración, incluyendo a Ascanio Tapias de la Defensoría del Pueblo, Juan David Millán del Ministerio de Minas, José Andrés Gutiérrez como jefe de gabinete y Leonardo Echeverri como coordinador de Diálogo. Los manifestantes pidieron además que participen los ministerios de Trabajo, Agricultura y Desarrollo Rural, e Interior, y que la Defensoría y la Procuraduría actúen como garantes del proceso. Hasta el cierre de información, no se reportaban bloqueos en vías principales ni afectaciones graves en la movilidad de Bogotá, aunque la entrada al Ministerio permanecía restringida.