La Corte Suprema de Justicia cerró el capítulo judicial contra el excongresista Luis Alberto Gil Castillo al ratificar la condena de 54 meses de cárcel, equivalentes a cuatro años y medio, por sus delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y tráfico de influencias. La decisión responde a su intervención ilegal para frenar la extradición del excabecilla de las Farc alias Jesús Santrich mediante sobornos a un fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El "Tuerto Gil", como es conocido en los círculos políticos, fundó el partido Convergencia Ciudadana en 2002 y lo dirigió como congresista hasta 2006. Su historial judicial no es precisamente limpio: la misma Corte Suprema hundió su partido en 2012 cuando lo condenó junto a otros dos exintegrantes por vínculos con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, Gil Castillo orquestó un esquema de corrupción que quedó completamente documentado. La Sala de Casación Penal indica que "Gil Castillo se concertó con otras personas con el fin de cometer diversos delitos en contra de la administración pública y la seguridad pública". Su blanco fue Carlos Julián Bermeo Casas, entonces fiscal de la JEP, a quien convenció para que manipulara procesos judicales a cambio de dinero.

La DEA norteamericana detectó los movimientos sospechosos e informó al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Así comenzó una operación encubierta que se desarrolló en dos hoteles bogotanos. En The Artisan DC, en la calle 72, una fuente humana y un agente encubierto se reunieron con alguien llamado Orlando, quien recibió una maleta con 460 mil dólares. Días después, el encuentro definitivo ocurrió en el lobby del JW Marriott en la calle 73.

Allí Gil Castillo explicó en vivo cómo retradarían la extradición de Santrich durante unos 90 días. El fiscal Bermeo Casas detalló el procedimiento: ordenes a la Policía Judicial, solicitudes de prórrogas ante el magistrado, gestiones con secretarios, acercamientos con funcionarios y hasta el extravío de documentación. Según la sentencia, "luego de la conversación, en presencia del aquí procesado, el agente encubierto entregó a Bermeo Casas por debajo de la mesa cuarenta mil dólares (USD 40.000), los recibió y guardó en su chaqueta".

La Corte fue contundente en su veredicto: "Sin tener la calidad exigida, (Gil Castillo) gestionó el uso indebido de la función pública que ostentaba el fiscal Bermeo Casas ante la JEP, con la finalidad irregular ya indicada. Esto es, para incidir ante otros funcionarios de la misma entidad, para la ejecución de actos tendientes a torpedear el normal desarrollo de procesos judicales". La Sala también aclaró que no encontró trasgresión alguna a los derechos del excongresista durante el proceso, lo que cierra cualquier puerta a recursos futuros.