La Corte Constitucional tiene entre manos un asunto que toca directamente cómo el Gobierno gasta dinero en tiempos de crisis. Según una investigación de El Tiempo, el tribunal analiza si suspende el artículo 12 del decreto que el presidente Petro sacó en febrero para atender los estragos de la emergencia invernal en departamentos como La Guajira, Córdoba, Sucre y Chocó. Este artículo es el que le permitió al Ejecutivo hacer contrataciones directas, es decir, saltarse las licitaciones públicas donde normalmente compiten varias empresas por los contratos del Estado.

La maniobra genera inquietud en la Corte porque abre la puerta a lo que técnicamente se conoce como contratación "a dedo". Sin licitación pública, no hay competencia, no hay transparencia, y según el tribunal, tampoco hay límites claros sobre cuánto dinero se puede adicionar a cada contrato ni durante cuánto tiempo pueden extenderse. El Gobierno defendió su decisión argumentando que en emergencia no hay tiempo para trámites largos: si esperaban a hacer licitaciones normales, los agricultores afectados por las lluvias extremas habría seguido esperando ayuda. Para Petro, la urgencia justificaba la excepción.

Sin embargo, la magistrada Paola Andrea Meneses, quien lidera la ponencia sobre este asunto, ve las cosas diferente. Su análisis sugiere que el Gobierno ya tenía estructuras administrativas y entidades estatales disponibles para hacer estas compras sin necesidad de saltarse las reglas. En otras palabras: existían formas ordinarias de hacer lo mismo sin abrir esa puerta al gasto sin control. La ponencia advierte que mantener ese artículo vivo representa riesgos "considerables para el patrimonio público", que es una forma elegante de decir que la plata de los colombianos podría desperdiciarse o desaparecer sin fiscalización.

Lo que suceda en esta votación tiene peso político y económico real. La Corte ya había tumbado una emergencia económica anterior en diciembre con una mayoría clara de seis magistrados contra dos. Pero fuentes jurídicas consultadas indican que esta vez el tribunal está más dividido. Los magistrados tendrán que decidir técnicamente si realmente existía un vínculo legítimo entre la crisis climática y la necesidad de incumplir las reglas de contratación estatal que protegen el dinero público. En pocas palabras: si el Gobierno cumplió o no con las mínimas exigencias de transparencia incluso en tiempos de emergencia.