La reforma pensional que el Gobierno Petro considera vital para su legado sigue atrapada en los laberintos de la Corte Constitucional. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien encabezaba el análisis del caso, se apartó voluntariamente del proceso mediante un escrito de cinco páginas. La consecuencia es directa: todo el trabajo hecho hasta ahora por este magistrado tendrá que ser retomado por alguien más, lo que significa más meses de espera para que Colombia conozca si la reforma prospera o regresa al Congreso.

¿Por qué se fue Ibáñez? La Presidencia lo había recusado el 26 de enero, argumentando que el magistrado había hablado en público sobre sus posiciones frente a la reforma. Según la Presidencia, "Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre varios temas, como la reforma pensional, liderada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro". Aunque Ibáñez inicialmente resistió, finalmente se declaró impedido reconociendo que sus comentarios en la entrevista podrían constituir un prejuzgamiento. Hay que ser claros: cuando un juez habla antes de decidir, pierde credibilidad ante los ojos de cualquiera.

Lo complicado es que Ibáñez ya había presentado tres proyectos de fallo donde proponía rechazar la reforma. Esto significaba que tenía una posición muy clara antes de haber escuchado todas las argumentaciones. Ahora la Corte debe designar a un nuevo magistrado que retome el expediente desde cero, ampliando los términos de lo que ya es un proceso largo y complejo.

¿Qué está en juego aquí? La decisión de la Corte Constitucional determinará si el nuevo sistema pensional que plantea el Gobierno entra en vigor o si la reforma debe regresar al Congreso para corregir supuestos errores en su trámite. Para el colombiano de a pie, esto significa saber bajo qué reglas se estará pensionando en los próximos años: cuántos años debe trabajar, cuánto ahorro se le permitirá tener, si los fondos privados seguirán operando o si el sistema será más estatal. Son decisiones que afectarán directamente el bolsillo de millones de personas cuando se jubilen.

Si la Corte rechaza la reforma por vicios procedimentales, todo vuelve al Congreso para debatirse nuevamente. Si la aprueba, la norma entra en vigor y el tribunal solo estudiaría después los artículos específicos que han sido demandados. O sea, esta decisión es quizás la más importante del Gobierno Petro en materia económica y social.

El cambio de ponente implica que el nuevo magistrado, quien aún no se designa, deberá familiarizarse con cientos de folios del expediente, los argumentos de demandantes y defensores de la reforma, y luego elaborar su propio proyecto de fallo. Se estima que esto tomará varias semanas adicionales. Para un país que necesita certidumbre sobre su sistema de pensiones, estos aplazamientos generan ansiedad entre trabajadores y jubilados que quieren saber qué les espera.