La Sala Plena de la Corte Constitucional tomó la decisión de eliminar definitivamente el estado de excepción económico que el presidente Gustavo Petro había puesto en marcha en diciembre del año anterior. Esta resolución confirma y refuerza una medida provisional que el tribunal había adoptado con anterioridad.

Lo significativo de esta decisión es que marca un precedente importante: es la primera ocasión en la que la Corte anula completamente un decreto de emergencia durante la actual administración presidencial. Los anteriores estados de excepción, como el que se declaró para atender la situación en La Guajira y el relacionado con la conmoción interior por problemas de seguridad en el Catatumbo, habían logrado superar parcialmente el control constitucional del tribunal.

La anulación definitiva de la emergencia económica significa que Petro ya no podrá hacer uso de las facultades excepcionales que este estado le otorgaba para tomar decisiones sin pasar por los trámites legislativos normales. La Corte consideró que las razones que justificaban esta medida no cumplían con los requisitos constitucionales para mantenerla vigente.