La Corte Constitucional está a punto de tomar una decisión que podría revertir uno de los movimientos más polémicos del Gobierno Petro. La Sala Plena analizará una ponencia que sugiere tumbar el decreto principal que autorizó la declaratoria de emergencia económica en diciembre de 2025. Este documento, conocido como el "decreto madre", fue el que permitió al Ejecutivo tomar medidas extraordinarias sin pasar por el Congreso.

El decreto expedido el 22 de diciembre permitió al Gobierno hacer cambios tributarios drásticamente: crear nuevos impuestos, ajustar los existentes, todo sin trámite legislativo. La justificación oficial fue enfrentar una crisis fiscal grave e imprevista. Pero en enero pasado, la Corte tomó una decisión inédita: suspendió el decreto de forma cautelar mientras estudiaba si realmente era constitucional. Esto pausó todas las medidas que venían de allí, dejando al Gobierno con las manos atadas para implementar su estrategia de emergencia.

Ahora el proceso llega a su punto crítico. El hecho de que exista una ponencia proponiendo anular el decreto anticipa lo que probablemente pasará cuando los magistrados debatan en Sala Plena. El fallo podrá validar el decreto, modificarlo parcialmente o, como plantea la ponencia, declararlo inexequible. Esta última opción sería un golpe directo a los planes fiscales del Gobierno.

El nudo jurídico está en si realmente existían "hechos sobrevinientes, graves e imprevisibles" (los requisitos constitucionales) que justificaran la emergencia. Varios sectores jurídicos han cuestionado que el Gobierno haya usado este mecanismo, argumentando que en realidad estaba reemplazando funciones del Congreso en materia de impuestos, lo cual no le corresponde al Ejecutivo. Desde el Gobierno se defiende la legalidad y la urgencia de actuar.

Lo que está en juego va más allá del dinero. Una decisión en contra del decreto sentará un precedente sobre cuándo y cómo los presidentes pueden usar los estados de excepción en Colombia. También define cuánto control real tiene el Congreso sobre decisiones fiscales y si la urgencia económica justifica saltar esos controles. Mientras se produce el fallo, el decreto sigue suspendido, lo que mantiene al Gobierno en una posición complicada para ejecutar su política económica.