La Sociedad de Activos Especiales, conocida como SAE, volvió a encender las alarmas en la Contraloría. Esta entidad es responsable de administrar bienes que el Estado les decomisa a delincuentes por extinción de dominio, es decir, propiedades y cosas que pasa a manos del Estado cuando se comprueba que provienen de actividades ilegales. El problema es que la auditoría reveló desorden administrativo por casi 8.839 millones de pesos en las gestiones de los años 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.

Los auditores identificaron 22 fallas administrativas graves. Once de ellas tienen impacto directo en el dinero público, y diecisiete pueden traer consecuencias disciplinarias para los servidores involucrados. En términos simples: la SAE no está cuidando bien los bienes que están bajo su responsabilidad. Los problemas detectados incluyen desalojos (sacadas de personas de inmuebles) ejecutados de forma deficiente, falta de vigilancia sobre quién custodia estos bienes, y sistemas de información tan débiles que ni siquiera saben con precisión qué tienen en inventario.

Una de las situaciones más preocupantes tiene que ver con los contratos de inmuebles arrendados. La Contraloría encontró "contratos vigentes sin las pólizas exigidas, subarriendos no autorizados y descuentos considerados improcedentes", según lo señalado por el ente de control. Esto significa que la SAE estaba alquilando propiedades sin los respaldos legales necesarios y sin el control adecuado sobre quién más estaba usando esos inmuebles.

Pero hay más. Los vehículos incautados también están en problemas serios. Algunos automóviles y máquinas permanecieron guardados en patios durante más de seis años, acumulando costos de almacenamiento que sumaron 1.090 millones de pesos solo entre 2021 y 2025. Para ponerlo en perspectiva: mientras esos vehículos se oxidaban en depósitos, el Estado gastaba dinero de los impuestos que usted paga en bodegaje innecesario.

La auditoría también encontró que la SAE no cumple con normas y procedimientos internos establecidos. Procesos clave como desalojos, estimación de rentas de los inmuebles, venta de bienes y reportes de cuentas estaban siendo manejados sin seguir protocolos. Adicionalmente, la oficina de control interno de la entidad no estaba haciendo su trabajo de forma efectiva, lo que permitió que estas irregularidades no se detectaran a tiempo.

Ahora viene la parte importante para usted como ciudadano. La Contraloría anunció que mantendrá vigilancia cercana sobre lo que haga la SAE. La entidad deberá presentar un plan de mejoramiento que incluya acciones correctivas y preventivas. Sin embargo, estos anuncios de "planes de mejora" son comunes cuando se destapan estos casos. La pregunta real es si esta vez habrá cambios reales o solo promesas de papel. Mientras tanto, bienes que fueron incautados al crimen organizado y que teóricamente deberían generar recursos para el Estado, siguen siendo administrados de forma ineficiente.