La Contraloría General de la República le pone un alto a un plan que busca mover los ahorros pensionales de millones de colombianos. Según un documento revelado por Portafolio, el ente de control considera que el decreto propuesto por el Ministerio del Trabajo para trasladar dinero desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (las AFP, empresas privadas) hacia Colpensiones (el sistema estatal) no es viable legalmente. Esta posición coincide con lo que ya había advertido el Banco de la República hace poco sobre los mismos riesgos.

El problema es complejo. De las 119.496 personas que han optado por pasar del sistema privado al estatal, apenas 18.507 ya cumplieron con los requisitos para jubilarse. Los otros 100.989 aún no pueden pensionarse. La ley vigente dice que los ahorros de quienes no se han jubilado deben seguir siendo administrados por las AFP mientras no exista otro mecanismo. La Contraloría lee esto como una prohibición clara: no se puede sacar todo el dinero y llevarlo a Colpensiones. Los recursos involucrados son enormes: aproximadamente 24,7 billones de pesos.

Hay otra complicación operativa. Colpensiones simplemente no tiene la infraestructura montada para recibir ese dinero. El Decreto 1225 de 2024 establece que mientras no entre en funcionamiento lo que se llama el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (un mecanismo que aún no existe), los ahorros deben permanecer en las AFP. Sin ese sistema operativo, el traslado es prácticamente imposible.

Pero lo que más preocupa a la Contraloría es el impacto fiscal. Si el Estado traslada ahorros pensionales a Colpensiones, estaría convirtiendo dinero destinado a largo plazo en gasto inmediato. Eso significa usar recursos que deberían crecer durante años para cubrir gastos de hoy. El riesgo: las próximas generaciones pagarían el costo. El Estado acumularía más deudas pensionales sin tener suficiente dinero ahorrado para cumplirlas. La Contraloría advierte que se priorizaría un alivio fiscal rápido hoy, pero dejando problemas estructurales para mañana.

Todo esto ocurre mientras la Ley 2381 de 2024 (la reforma pensional) está suspendida y bajo revisión de la Corte Constitucional. Cualquier cambio definitivo dependerá de lo que diga el tribunal. Por ahora, la Contraloría es clara: sin un soporte jurídico sólido y sin la estructura institucional lista, trasladar masivamente los ahorros pensionales no es viable. El debate sobre cómo garantizar pensiones dignas sin quebrar las finanzas públicas sigue siendo uno de los temas más complejos de la agenda económica del país.