La Emergencia Económica que decretó el Gobierno sigue generando tensión fiscal, y ahora la Contraloría General de la República le está pidiendo explicaciones sobre cómo está ejecutando todo. Después de revisar los 18 decretos que salieron del Decreto 0150 de 2026, el ente de control identificó problemas serios en la forma como se está estructurando y articulando la respuesta a la crisis. La advertencia es importante porque hay miles de millones de pesos en juego y muchas dudas sobre si las instituciones realmente pueden manejar esa plata de forma eficiente.

Uno de los puntos que más preocupa a la Contraloría es el recaudo de nuevos impuestos. El Gobierno espera sacar hasta $8,68 billones (esto es 8 billones 680 mil millones de pesos) mediante tributos al patrimonio y a los juegos de azar en línea, entre otros. El problema es que el Estado necesita demostrar que tiene la capacidad operativa para recaudar eso adecuadamente y que luego lo gastará exclusivamente en atender la emergencia. La Contraloría también señaló que la Dian y los mecanismos de control necesitan fortalecerse urgentemente, porque la eficacia del recaudo será determinante para que las finanzas públicas no se desmoronen.

Pero aquí viene lo más delicado: no es solo recolectar la plata, sino gastarla bien. La Contraloría fue clara en su advertencia: "De nada sirve ampliar facultades… si antes las entidades responsables de su ejecución… no mejoran sustancialmente su gestión". Esto significa que aunque el Gobierno le dé más permisos a los organismos para contratar y ejecutar proyectos de emergencia, si esas entidades no saben cómo gestionar, la inversión puede resultar en desperdicio o ineficiencia.

Hay otro aspecto que la Contraloría cuestionó directamente: la decisión del Gobierno de redirigir recursos de programas que ya estaban en marcha hacia la emergencia. El ente de control advierte que esto puede afectar proyectos en ejecución y pide que haya claridad sobre cuándo se van a devolver esos recursos. También cuestionó si la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) realmente tiene la estructura y experiencia para manejar obras técnicamente complejas, especialmente aquellas relacionadas con el sector eléctrico.

Las alertas se extienden a otros frentes. La Contraloría pidió que se fortalezcan los mecanismos para identificar quién realmente necesita ayuda, porque existe riesgo de que haya errores en la identificación de beneficiarios o que algunas personas reciban asistencia duplicada. En el sector energético, el ente de control también advierte que cambios en la operación de embalses hidroeléctricos sin fundamento técnico sólido podrían generar incumplimientos de contratos y dañar la confianza de los inversionistas.

De fondo, la Contraloría lanzó una advertencia más grave aún: Colombia sigue sin aplicar correctamente los mecanismos de gestión del riesgo que establece la ley desde hace años. La política debería basarse en tres pilares (conocimiento, reducción y manejo del riesgo), pero en la práctica no se están ejecutando de forma integral. Con todo esto en mente, el ente de control anunció que hará un seguimiento preventivo y constante, porque en un escenario donde hay muchísimo dinero en juego y las necesidades son urgentes, ya no se trata solo de recaudar, sino de demostrar que el Estado tiene la capacidad real de ejecutar bien y a tiempo.