Las grandes organizaciones empresariales colombianas encendieron las alarmas esta semana. El Consejo Gremial Nacional manifestó su preocupación por una serie de declaraciones gubernamentales recientes que cuestionan la legitimidad de nuestro sistema electoral y la Registraduría Nacional. Para el gremio de gremios, estos pronunciamientos representan una amenaza seria a algo que los negocios necesitan para funcionar: la confianza pública en las instituciones.

Lo que está en juego aquí es un principio fundamental que la Corte Constitucional ha reforzado repetidas veces: el Estado debe mantenerse neutral en la política. Según el Consejo Gremial, "La imparcialidad estatal no es una opción política, es un deber constitucional". La Constitución del 91 incluso prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades de partidos políticos, con contadas excepciones. Cuando un gobierno cuestiona la legitimidad de sus propias instituciones electorales, está pisoteando esa neutralidad que sostiene toda la democracia.

La experiencia reciente del país muestra por qué esto importa más de lo que parece. Cuando las instituciones se debilitan y se estigmatizan, se abre la puerta a comportamientos violentos contra actores políticos. El Consejo Gremial fue directo al respecto: "El debilitamiento de esquemas de seguridad o la estigmatización institucional pueden tener consecuencias graves para la democracia".

Por eso pidieron algo que parece simple pero es estratégico: que la Organización de Estados Americanos active desde ahora sus mecanismos de observación electoral para las votaciones de 2026. No es que desconfíen de Colombia, aclaran. Los observadores internacionales funcionan como un "mecanismo preventivo que protege la confianza ciudadana", según sus palabras. Es como tener un árbitro internacional en el partido: fortalece la legitimidad del resultado, no la debilita.

El Consejo Gremial también respaldó explícitamente a los personajes clave de la institucionalidad: el registrador Hernán Penagos, el procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Hernán Rodríguez, "en su labor de garantizar elecciones transparentes, ordenadas y verificables". Su mensaje final resume el dilema: "La democracia se defiende con instituciones, con reglas claras y con garantías iguales para todos".