ISA recibió el golpe judicial esta semana: el Consejo de Estado anuló la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de la compañía eléctrica. No es un detalle administrativo menor. La sentencia, fechada el 27 de enero, concluye que hubo irregularidades graves durante el proceso de selección que viciaron todo el procedimiento.

¿Qué pasó exactamente? Los magistrados determinaron que alguien cambió las reglas a mitad de juego. La Junta Directiva modificó sustancialmente los criterios de evaluación cuando el proceso ya estaba avanzado y los candidatos ya habían sido calificados. En esa primera ronda, Carrillo ocupaba los últimos lugares. Pero después del cambio de requisitos, su puntuación subió significativamente y ascendió a las primeras posiciones, mientras que los demás candidatos bajaron en las clasificaciones.

Lo más grave: la Junta Directiva se metió directamente en funciones técnicas que no le correspondían. Esas tareas eran responsabilidad exclusiva del Comité de Talento Organizacional. El tribunal explicó que la junta directiva "excedió su ámbito competencial, el cual se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna remitida por dicho comité". Fue como si el árbitro decidiera cambiar las reglas del partido a mitad de camino para que ganara su equipo favorito.

Hay algo más que pesa contra Carrillo. Una firma especializada en selección de ejecutivos evaluó su candidatura y concluyó que "no debía ser considerado para un cargo de alta dirección en una empresa de infraestructura grande, regional, pública y financieramente sofisticada como ISA". Básicamente, los expertos dijeron que su perfil lo ubicaba como candidato de menor viabilidad. Esos resultados fueron ignorados "sin una justificación expresa, objetiva y verificable", según el Consejo de Estado.

ISA ya activó sus protocolos internos tras enterarse de la decisión. La Junta Directiva analizará ahora qué hacer al respecto, y la compañía aseguró que mantendrá el funcionamiento normal mientras resuelve la situación. El tribunal ordenó retomar el proceso de selección desde el momento anterior a los cambios de criterios, es decir, empezar prácticamente desde cero.

La decisión del Consejo de Estado es definitiva y no admite apelaciones. Luis Eduardo Peláez Jaramillo, uno de los demandantes que llevó el caso durante más o menos dos años, celebró el fallo como un triunfo para los procesos de transparencia en las empresas públicas del país.