El Consejo de Estado anuló la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de ISA, la empresa estatal encargada de transmitir energía eléctrica en Colombia y la región. La decisión, tomada por la Sección Quinta del tribunal administrativo, se basó en que el proceso de selección estuvo viciado desde su forma, no por falta de experiencia del candidato ni por investigaciones penales en su contra.

El corazón del problema fue el cambio de las reglas a mitad del juego. Cuando se hizo la primera evaluación de aspirantes, Carrillo quedó en los últimos lugares. Pero después alteraron la matriz de calificación, es decir, los criterios con los que medían a los candidatos. Con esos nuevos criterios, su puntuación subió dramáticamente y pasó a ocupar las primeras posiciones, mientras que otros candidatos bajaron sus calificaciones. Para el Consejo de Estado, cambiar los estándares de evaluación cuando el proceso ya estaba en marcha configuró una irregularidad grave que invalida toda la elección.

Además de eso, hubo un problema de autoridad mal usada. La Junta Directiva de ISA se metió en tareas técnicas de evaluación que únicamente correspondían al Comité de Talento Organizacional. La Junta tenía una función clara: elegir al presidente de una terna que le presentara el comité. Al intervenir en la depuración y calificación técnica, según el tribunal, excedió sus competencias y afectó la legalidad de toda la decisión.

El tribunal también le dio peso a que una firma especializada en selección de ejecutivos había recomendado que no consideraran a Carrillo para dirigir una empresa del tamaño y complejidad de ISA. Esos resultados fueron ignorados sin explicación alguna, un detalle que contribuyó a demostrar la irregularidad. Para el Consejo de Estado, el conjunto de estos problemas vulneró el principio de que los funcionarios públicos deben actuar "con integridad, objetividad y sujeción estricta al interés general, conforme al artículo 209 de la Constitución Política".

El tribunal aclaró algo importante: Carrillo sí cumplía con los 15 años de experiencia exigidos para el cargo, y la existencia de investigaciones penales en etapa temprana no es razón para excluir a un candidato. Es decir, la nulidad no se fundamentó en dudas sobre su idoneidad o su historial legal, sino únicamente en cómo fue llevado el procedimiento de selección.

Para remediar el daño, el Consejo de Estado ordenó que ISA repita el proceso desde antes de que se hiciera el cambio en la matriz de evaluación. Específicamente, debe volver al listado que el Comité de Talento Organizacional había aprobado el 23 y 24 de enero de 2024, respetando las reglas que definió el 5 y 11 de enero del mismo año. El nuevo proceso deberá excluir a quienes ya se retiraron.

Esta decisión tiene implicaciones que van más allá de lo legal. En el sector energético, donde ISA es un actor estratégico para la transmisión de electricidad, los estándares de gobierno corporativo afectan la confianza de inversionistas, el funcionamiento del mercado y la reputación institucional del país.