Un puñado de representantes en el Congreso acaba de activar un mecanismo de control político que puede terminar forzando la salida del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El pasado 18 de marzo de 2026 radicaron una moción de censura en la Cámara de Representantes, invocando normas constitucionales para abrir un debate sobre cómo se está gestionando el sector salud en el país.

¿Qué preocupa tanto a estos congresistas? Básicamente, que los colombianos están cada vez más obligados a meterse en los juzgados para conseguir medicamentos. Suena raro, pero es el indicador más claro de que algo no está funcionando. Cuando una persona necesita un medicamento, debería ir a una farmacia del sistema de salud y listo. En cambio, están presentando tutelas (demandas judiciales) para obligar a las entidades de salud a entregar lo que legalmente ya les corresponde. Los firmantes de la moción lo dicen de forma directa: "La acción de tutela se ha convertido en un instrumento ordinario para obtener medicamentos que el sistema debería suministrar de manera automática". Esto no es un detalle administrativo, es un síntoma de colapso. Según lo planteado, la Defensoría del Pueblo ya ha advertido sobre este aumento sostenido.

Pero hay más. En distintos territorios del país están reportando interrupciones en medicamentos para enfermedades crónicas (como diabetes, hipertensión o cáncer), retrasos en que se despachen los fármacos e incluso demoras para conseguir citas médicas. Los pacientes con enfermedades de alto costo son los más golpeados porque dependen de que no falle nada en su cadena de tratamiento. La Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a garantizar disponibilidad, accesibilidad y oportunidad en salud. Cuando eso no ocurre, no es solo un trámite lento: puede comprometer vidas.

Los representantes señalan deficiencias en cómo el Ministerio dirige, supervisa y controla el sistema. Mencionan problemas financieros en varias entidades de salud y flujos de recursos que no están funcionando bien. Su conclusión es que no se han tomado medidas estructurales que correspondan con la magnitud de los problemas. También cuestionan algunas declaraciones públicas del Ministro sobre casos de pacientes afectados, como el del menor Kevin Acosta, que consideran inapropiadas y generadoras de desconfianza.

La moción de censura se fundamenta en que estos problemas no son accidentes aislados sino patrones que muestran un funcionamiento deficiente del aparato administrativo. Cuando los juzgados se convierten en la ruta habitual para acceder a medicamentos, la administración simplemente no está haciendo su trabajo. Los congresistas argumentan que esta situación compromete el derecho a la salud de los colombianos y solicitan que el Congreso agenda con prontitud el debate para evaluar las responsabilidades políticas del Ministro.