El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los principales atractivos ecoturísticos de Colombia, atraviesa su mayor crisis en años recientes. El Gobierno ordenó su cierre indefinido alegando riesgos de seguridad y amenazas contra personal del parque, pero las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta tomaron una decisión que refleja años de frustración: reabrieron los accesos como protesta pacífica. Lo que sucede en Tayrona no es solo un conflicto de orden público, sino el choque entre dos visiones sobre quién tiene autoridad real sobre un territorio.

Atanasio Moscote, gobernador del Cabildo Kogui Magdalena, explicó a Caracol Radio que las comunidades se sienten invisibilizadas por las autoridades ambientales. Según él, los pueblos originarios no son reconocidos como autoridades legítimas en sus propias tierras ancestrales, lo que ha afectado derechos fundamentales como el trabajo y la vida misma. El problema es concreto: muchas familias indígenas dependen económicamente de actividades dentro del parque, pero sus estructuras productivas han sido desmontadas o restringidas sin que tengan participación real en las decisiones que las afectan. Recientemente, la entidad Parques Nacionales demolió construcciones que las comunidades habían hecho para sus actividades económicas, sin consultar ni respetando acuerdos previos de diálogo. Esto fue la gota que derramó el vaso.

La respuesta de las comunidades fue tomar control autónomo de algunos puntos de entrada, especialmente en El Zaino. Esta reapertura ocurrió pocas horas después de que Parques Nacionales expidiera una resolución cerrando totalmente el área por orden público. El Gobierno argumenta que hay amenazas contra funcionarios, bloqueos irregulares y presencia de actores que comprometen la seguridad. Por eso, además del cierre terrestre, también suspendieron el tránsito de embarcaciones hacia el parque.

La situación está en un impasse. El Gobierno insiste en mantener cerrado el parque por seguridad, mientras que los pueblos indígenas dicen que no se irán hasta que se reconozca su autoridad territorial y se establezcan mecanismos reales de coadministración, es decir, que ellos tengan voz y voto genuino en las decisiones sobre el lugar. Pidieron la intervención urgente del director de Parques Nacionales, la Presidencia y entes de control para verificar qué acuerdos se han incumplido y crear espacios reales de negociación.

Lo que sucede en Tayrona trasciende el parque mismo. Pone en evidencia una pregunta incómoda para el país: ¿cómo se concilian la conservación ambiental, la seguridad pública y los derechos ancestrales de los pueblos indígenas que históricamente han vivido en estos territorios? El conflicto muestra que no basta con cerrar un lugar; hay que escuchar a quienes lo habitan y dependen de él.