Colombia y los Países Bajos se han convertido en anfitriones de un encuentro sin precedentes. Entre el 24 y 29 de abril, Santa Marta será escenario de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, reunión que busca trazar caminos concretos para que el mundo abandone su dependencia del petróleo, gas y carbón. Representantes de al menos 62 países participarán en este encuentro que nace de una frustración compartida: mientras las grandes negociaciones climáticas mundiales siguen bloqueadas por intereses comerciales, algunos países decidieron crear su propio espacio para avanzar sin esperar.

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, explicó que la conferencia surgió de esa necesidad durante la COP30, cuando se hizo imposible abordar lo que muchos consideran el corazón del problema climático: la extracción y consumo de combustibles fósiles. "Ahí, varios países estuvimos de acuerdo en que era necesario generar un escenario para poder discutir abiertamente, honestamente, cuáles son las medidas tanto subnacionales como coordinadas a nivel global que permitan hacer una ordenada transición para superar esa dependencia", señaló. La elección de Santa Marta no es casualidad: esta ciudad caribeña es el principal puerto exportador de carbón de Colombia, lo que envía un mensaje potente: la transición es posible incluso desde territorios que más dependen de estos recursos.

El desafío económico que enfrenta el país es monumental. Según Martha Cobo, decana de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, los combustibles representaban en febrero de 2026 el 33 por ciento del valor total de las exportaciones colombianas. La empresa estatal Ecopetrol proyectó para 2025 transferencias a la Nación cercanas a 35 billones de pesos entre dividendos, impuestos y pagos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Para dimensionarlo: esa cifra equivale a casi el 7 por ciento del Presupuesto General de la Nación, el 42 por ciento de toda la inversión nacional y más de la mitad de lo presupuestado para pensiones. "No hay hoy otra actividad que sustituya de manera inmediata ese flujo de divisas y de recursos públicos sin generar un choque fiscal y social", advirtió Cobo.

El empleo también está en juego. Los hidrocarburos generan un efecto multiplicador alto en la economía: por cada trabajo directo en la industria se crean entre cuatro y seis empleos indirectos en transporte, servicios, construcción y logística. El impacto más profundo se siente en los territorios productores. En Putumayo, por ejemplo, la producción cayó un 47,3 por ciento entre 2015 y 2024, y las regalías representaban entre el 14 y el 21 por ciento de los ingresos departamentales. Juliana Peña Niño, gerente Colombia del Natural Resource Governance Institute, enfatiza que "la discusión no es solo si se restringen o no nuevos proyectos, sino cómo se planifica en el largo plazo, a través de políticas de Estado, la reducción de esa dependencia, teniendo en cuenta los territorios productores".

Los expertos están divididos sobre cómo avanzar. El exministro Manuel Rodríguez Becerra critica la política gubernamental de restringir la exploración de hidrocarburos, argumentando que suspenderla localmente no tiene impacto global si otros países continúan extrayendo. Pero otros ven oportunidad donde él ve obstáculo. Camilo Bayona, profesor de la Universidad Javeriana, propone una visión diferente: "La visión sostenible no debería ser enterrar el recurso intempestivamente, sino garantizar que cada peso generado por la venta y extracción de fósiles se reinvierta obligatoria y exclusivamente en financiar nuestra transición hacia una matriz limpia".

Para que una transición viable sea posible, se requieren cambios simultáneos en cuatro frentes. En lo tecnológico, acelerar las energías renovables con capacidad firme, fortalecer el almacenamiento y modernizar la transmisión de electricidad. En lo fiscal, diversificar las fuentes de recaudo y promover nuevos sectores. En lo regulatorio, dar seguridad jurídica para atraer inversión de largo plazo. Y en lo social, preparar el talento humano para nuevas dinámicas productivas. Colombia tiene recursos naturales para lograrlo: energía hidráulica en las montañas, eólica en el Caribe, solar en casi todo el territorio. Pero la condición técnica mínima es reconocer que la electricidad apenas representa el 18 por ciento del consumo final en Colombia, mientras que el petróleo suple el 90 por ciento de la demanda del transporte.

A nivel global, el panorama es complejo. Más del 70 por ciento de la demanda energética mundial sigue cubriéndose con combustibles fósiles. En 2024, las emisiones marcaron un nuevo récord de 37,8 gigatoneladas de CO2. El obstáculo no es tecnológico sino político. Andrés Gómez, coordinador para América Latina del Tratado sobre Combustibles Fósiles, lo plantea con claridad: "La tecnología está disponible, hoy existe mayor capacidad que nunca para generar energía de fuentes renovables diversas. El verdadero obstáculo es político y distributivo". La pregunta central que atraviesa toda la conferencia es una sobre equidad: quién paga los costos de esta transición. Los países en desarrollo, que históricamente contribuyeron marginalmente a las emisiones globales, corren riesgo de asumir cargas desproporcionadas. Peña Niño es directa: los países más ricos deben reducir primero y más rápido su producción, y aportar financiamiento suficiente para que países como Colombia construyan sus hojas de ruta sin que la transición recaiga sobre sus ingresos públicos. Aunque la conferencia de Santa Marta no producirá tratados vinculantes, puede generar el entendimiento compartido que permita a países dispuestos avanzar con mayor certeza en un mundo donde los grandes emisores siguen bloqueando acuerdos climáticos más ambiciosos.