El Ministerio de Agricultura anunció esta semana la protección de 11.703,07 hectáreas en el municipio de Falan, Tolima, como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. Con esta decisión, Colombia ya suma 140.147,07 hectáreas de terreno protegido bajo esta figura a nivel nacional. El anuncio se hizo en el marco de la Segunda Conferencia Internacional de la Reforma Agraria que se realiza en Cartagena.

Pero qué significa esto en la práctica. Estas áreas son terrenos donde hoy se cultiva y produce alimentos, y el gobierno les pone un escudo legal para que no puedan convertirse en zonas urbanas, comerciales o de explotación minera. Es decir, si un agricultor tiene su tierra protegida como APPA, no puede venderla para que construyan un centro comercial o se extraigan recursos del subsuelo sin autorización especial. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que "las APPA son un instrumento para que aquellos suelos que hoy están siendo trabajados para producir comida no estén al vaivén de la presión del cambio de uso del suelo. Muchos agricultores y campesinos han visto cómo el desarrollo urbano y la explotación del subsuelo desplazan la producción agropecuaria".

La idea parece lógica en teoría: proteger el suelo fértil para garantizar alimentos. Sin embargo, la medida ha generado batalla política. Varios congresistas radicaron un proyecto de ley para eliminarlas, argumentando que son inconstitucionales y que violan el derecho a la propiedad privada y la autonomía de los territorios.

Geográficamente, La Guajira lidera con 79.782 hectáreas protegidas distribuidas en ocho municipios. Antioquia le sigue con 43.317 hectáreas en siete municipios. Tolima ahora suma 11.703,07 y Cundinamarca tiene 5.344 hectáreas. En otras palabras, apenas cuatro departamentos concentran casi toda la protección agrícola del país.