La guerra comercial entre Colombia y Ecuador dejó de ser una amenaza para convertirse en realidad. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 0170 que impone aranceles del 30% a más de 70 productos ecuatorianos. Estamos hablando de cosas que tocamos a diario: azúcar, plátanos, aguacates Hass, frijoles, cacao en polvo. También lleva arancel la ropa (especialmente calzado), aceites, papa, cebolla, tomate, maracuyá y hasta bebidas como el etanol y los aguardientes. En la práctica, esto significa que si un comerciante colombiano quiere comprar estos productos en Ecuador, tendrá que pagar un 30% más de impuesto en la aduana. Ese costo, casi seguro, se lo va a pasar al consumidor final.

Pero la cosa no termina ahí. El decreto también cierra parcialmente la puerta terrestre a ciertos productos en los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís. Arroz, pescado y camarones vendrán más restringidos. Esta es la represalia de Colombia contra los aranceles que Ecuador, bajo el gobierno de Daniel Noboa, aplicó primero a productos colombianos. Noboa había argumentado que falta cooperación en la frontera contra bandas criminales y que Ecuador tiene un déficit comercial con Colombia superior a mil millones de dólares anuales. En otras palabras: Ecuador dice que nosotros le vendemos mucho más de lo que nos vende, y eso golpea su economía.

Lo interesante es que antes de firmar su propio decreto, Colombia ya había presentado una demanda formal ante la Comunidad Andina de Naciones, que es como la "corte comercial" de la región formada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La CAN admitió la demanda colombiana y abrió una investigación. Según lo que anunció la CAN, "se dispone su admisión a trámite y el inicio del procedimiento de investigación contemplado en dicha decisión". Básicamente, alguien va a investigar si Ecuador actuó bien o mal según las reglas comerciales del bloque.

Ecuador, claro, no se quedó cruzado de brazos. El gobierno de Noboa presentó tres reclamos formales ante la CAN, acusando a Colombia de vulnerar compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional. La situación es delicada: ambos países se están señalando mutuamente en la corte regional, lo que puede durar meses o años.

Mientras tanto, los colombianos sentiremos esto en el bolsillo. Si Ecuador es un productor importante de algo que comemos, es probable que esos precios suban en el supermercado. Los transportistas ya están protestando en los puentes fronterizos, porque sus negocios dependen de que fluya el comercio binacional sin estos obstáculos. La decisión final de la CAN sobre quién tiene razón será determinante para que Colombia y Ecuador encuentren una salida a esta tensión comercial que apenas comienza.