Uruguay acaba de crear algo que Colombia necesita desesperadamente: un observatorio independiente del ecosistema digital. El Grupo de Análisis y Discusión del Ecosistema Digital uruguayo (Gaded) nació como iniciativa de siete profesionales para producir análisis objetivos sobre telecomunicaciones e informática, sin ataduras políticas ni comerciales. La idea es simple pero poderosa: ocupar el espacio vacío que dejan las instituciones públicas cautivas, los gremios con conflictos de interés y la academia sin voz institucional propia.

En Colombia, según analiza el investigador Nicola Stornelli, la situación es casi idéntica a la de Uruguay, pero sin la solución. El país tiene actores importantes como Cintel, que desarrolla investigaciones valiosas, pero nació con financiamiento estatal y socios privados que limitan su total independencia. Aciem, reconocida por ley como órgano consultivo de la nación desde 1986, funciona más como un gremio de ingenieros que como un verdadero asesor de gobierno. En la práctica, el ejecutivo casi nunca solicita su concepto de forma vinculante, por lo que Aciem responde como cualquier otro actor cuando el MinTIC o la CRC abren consultas públicas.

El problema más profundo está en la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La OCDE ha señalado repetidamente que su independencia está comprometida porque el presidente de la república designa directamente un comisionado y el ministro de TIC participa en el consejo directivo. Según el análisis reciente de la OCDE: "Esta estructura aumenta el riesgo de que la regulación se vea influenciada por prioridades políticas en lugar de por preocupaciones puramente técnicas o sectoriales".

Los gremios empresariales como Asomovil, Andesco, CCIT y Asotic tienen poder de cabildeo pero no son espacios de análisis neutral. Hacen cabildeo por sus asociados y sus intereses. Un ejemplo concreto: durante la subasta del 5G en Colombia, ninguna de estas organizaciones se atrevió a cuestionar públicamente que los pliegos no exigieran la tecnología 5G Stand Alone más avanzada. El resultado es que Colombia, según Stornelli, no recibió el verdadero 5G, sino una versión limitada apoyada en infraestructura 4G.

Existen también espacios académicos valiosos como el Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones del Externado y grupos de investigación en universidades como la Javeriana e ICESI. Y ONG como la Fundación Karisma han hecho contribuciones importantes en temas de derechos digitales. Pero todos estos trabajos son desconocidos por la prensa masiva del país.

La solución, plantea el analista, pasa por darle "dientes" a la ley que reconoce a Aciem como órgano consultivo. Eso significaría obligar al gobierno a solicitar y considerar genuinamente sus conceptos antes de tomar decisiones estratégicas en el sector. De lo contrario, Colombia seguirá sin ese observatorio independiente que urgentemente necesita para que alguien, sin presiones políticas ni comerciales, hable verdades incómodas sobre adónde va realmente la transformación digital del país.