Las criptomonedas dejaron de ser cosa de expertos en Colombia. Ahora mismo, seis millones de personas las usan para ahorrar, invertir, recibir dinero del exterior o pagar cosas. Según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, este mercado crece cada mes. Pero hay un problema grande: nadie está regulando esto. Y ese será uno de los dolores de cabeza que recibirá el próximo presidente.

Los números son impresionantes. Entre julio de 2024 y junio de 2025, los colombianos movieron 44.200 millones de dólares en criptomonedas. Eso nos pone en el quinto lugar en América Latina, solo detrás de Brasil, Argentina, México y Venezuela, de acuerdo con cifras de Chainalysis. Es decir, Colombia ya es un jugador importante en este mercado, pero jugamos sin árbitro.

La fintech Vurelo App identificó cinco desafíos que el nuevo gobierno debe resolver. El primero es claro: crear reglas para las plataformas donde la gente compra y vende estas monedas digitales. Varios proyectos de ley han llegado al Congreso, pero ninguno ha prosperado. El más reciente, presentado en marzo, propone supervisión, frenos contra el lavado de dinero y reglas de impuestos para quienes operan estas plataformas. Pero sigue sin convertirse en ley.

Otro problema grave son las estafas y esquemas piramidales (cuando alguien promete ganancias imposibles para meter dinero de nuevos usuarios). Estos fraudes están dañando la confianza de los colombianos en las criptos y nos han hecho perder posiciones en rankings internacionales de adopción.

A esto se suma que la vigilancia tributaria está llegando. A partir de 2026, las plataformas tendrán que reportar a la Dian qué operaciones hacen sus usuarios, según la Resolución 000240 de 2025 y reglas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Los primeros reportes ya se entregaron este año.

Camilo Suárez, CEO de Vurelo, plantea el verdadero reto para el próximo gobierno: encontrar equilibrio. Si el control es muy estricto, los colombianos simplemente se irán a plataformas extranjeras o usarán sistemas informales, perdiendo el país las ganancias y la capacidad de vigilancia. Pero si es muy suelto, las estafas seguirán creciendo y la gente perderá dinero.