La muerte de Noelia Castillo en una residencia cercana a Barcelona reencendió un debate que Colombia ya vive desde hace casi treinta años. La joven española de 25 años se convirtió en la paciente más joven en acceder a la eutanasia en su país desde que la ley entró en vigor en 2021. Su camino no fue fácil: tras ser víctima de agresión sexual grupal en 2022 y quedar en paraplejia, libró una batalla de casi dos años en los tribunales contra su propia familia y grupos religiosos que intentaron frenar el procedimiento. En su último testimonio, Noelia fue clara: quería irse en paz, dejar de sufrir, y explicó que la felicidad de su familia no podía estar por encima de su propia vida.

El caso español contrasta con la realidad de Colombia, donde la práctica de la eutanasia no cuenta ni siquiera con una ley expedida por el Congreso de la República. Sin embargo, el país lleva más de veinte años permitiendo y practicando este derecho de forma sistemática. Todo comenzó con la Sentencia C-239 de 1997, cuando la Corte Constitucional colombiana reconoció que el derecho a vivir dignamente implica también el derecho a morir dignamente. Desde entonces, la Corte ha exhortado repetidas veces al Congreso a legislar sobre el tema, pero sin éxito. Al menos 22 proyectos de ley han llegado al Congreso desde 1998, siendo los más recientes presentados en 2025. El último, liderado por el representante Juan Carlos Lozada, ni siquiera pudo ser discutido por falta de quórum.

Mientras el Congreso permanece en silencio, Colombia ha construido un modelo funcional basado únicamente en decisiones judiciales y normas administrativas. El Ministerio de Salud estableció un Sistema de Registro y Seguimiento de Eutanasia que permite conocer con detalle cada solicitud y procedimiento realizado. Los números son contundentes: entre 2015 y finales de 2024 se realizaron 1.044 procedimientos. En 2024 solo se practicaron 352 eutanasias, un aumento del 29,9 por ciento respecto al año anterior. Esto significa que en diez años la práctica se multiplicó por 88 veces, pasando de apenas cuatro procedimientos en 2015.

Las solicitudes también crecen aceleradamente. En 2024 se registraron 1.169 peticiones ante el sistema de salud, un promedio de casi 98 por mes. Sin embargo, la realidad de acceso no es tan amplia: de cada diez solicitudes, solo se aprueban tres. El cáncer sigue siendo la principal causa, representando el 74,6 por ciento de todos los casos. La edad promedio de quienes solicitan el procedimiento es de 62,6 años, unos 14 años por debajo de la esperanza de vida colombiana.

Colombia y Uruguay son los únicos dos países en el mundo que legalizan la eutanasia en menores de edad, lo que ocurrió en Colombia a través de la Sentencia T-544 de 2017. Esto abrió una puerta que en otros países sigue cerrada. En el resto del mundo apenas un puñado de naciones permite la muerte asistida: seis en Europa (Suiza, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España y Austria), además de Canadá y diez estados de Estados Unidos. Uruguay aprobó la práctica por ley en octubre de 2025, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en hacerlo con una regulación legislativa formal. En otros países como Ecuador y Perú ha habido despenalizaciones para casos particulares, pero sin regulación general.

Lo paradójico del modelo colombiano es que ha funcionado sin ley. Para acceder a la eutanasia en el país basta cumplir tres condiciones: manifestar un consentimiento libre e informado, tener diagnóstico de una enfermedad grave e incurable que cause dolor insoportable, y activar un Comité Científico-Interdisciplinario para Morir Dignamente que verifique los requisitos. El procedimiento es completamente gratuito y está cubierto por el Plan de Beneficios en Salud. Esta arquitectura administrativa, nacida de sentencias judiciales, ha permitido que Colombia lidere prácticamente a nivel mundial en la implementación de la muerte asistida, a pesar de carecer del marco legal más formal que tiene cualquier otro país desarrollado.