Un reciente reporte de la Ocde encendió las alertas sobre el mercado laboral colombiano: casi la mitad de los trabajadores del país depende del autoempleo. Con una tasa del 47,1%, Colombia lidera el ranking entre los miembros de esta organización internacional, superando significativamente a países como México (31,8%) y Costa Rica (26,4%). La cifra es alarmante si se compara con economías desarrolladas como Estados Unidos, Canadá o Dinamarca, donde esta modalidad representa menos del 10% del empleo.

Lo preocupante no es solo la magnitud del fenómeno, sino lo que representa: seis de cada diez nuevos empleos generados en el país corresponden a trabajadores por cuenta propia, confirmando que la creación de empleo se concentra fuera del sector formal. Según la Ocde, un trabajador por cuenta propia es quién explota su propia actividad económica o ejerce un oficio independiente, sin emplear a terceros remunerados. Aunque en teoría esto no es sinónimo de informalidad, en Colombia la realidad es distinta: la mayoría opera sin registro y sin acceso a protección social.

La estructura productiva del país es la raíz del problema. Fuera de las principales ciudades predominan las microempresas con menos de cinco trabajadores: tiendas de barrio, panaderías, pequeños talleres. Este modelo fragmentado genera pocas oportunidades de empleo formal y sostenido, obligando a millones a depender del trabajo independiente como única alternativa de subsistencia. Un estudio de Fedesarrollo y la Universidad de los Andes reveló que el 88% de los trabajadores en sectores vulnerables depende del autoempleo informal, donde la precariedad es la norma.

Los analistas hablan de un problema de "enanismo productivo": mientras en países ricos el autoempleo alcanza el 10%, en Colombia llega casi al 50%, lo que limita la movilidad social y amplía la brecha entre quienes tienen empleo formal y quienes deben ingeniar ingresos sin garantías. Un dato clave: el 49% de los trabajadores gana menos de un salario mínimo, y un 29% percibe menos de la mitad. El salario mínimo solo beneficia a 2,4 millones de personas, cerca del 10% de la población ocupada.

Detrás de este panorama hay un cúmulo de limitaciones estructurales. La brecha educativa es profunda: mientras el 53% de la población más rica accede a educación superior o técnica, en el segmento más pobre solo el 7% lo logra. Esto cierra las puertas a empleos formales de mayor productividad. Además, los costos laborales representan el 60% del salario mínimo en Colombia, una proporción mucho más alta que en otros países de la región. La tasa de impuesto corporativo del 35%, la más alta de la región, ahuyenta la creación de empresas formales.

El rebusque se consolidó como la principal vía de ingreso para millones de colombianos, no por elección, sino por necesidad. Mientras no se aborden estas limitaciones estructurales en productividad, formalización y equidad, el país seguirá siendo protagonista de una historia laboral que describe la informalidad como la norma, no como excepción.