El sistema penitenciario colombiano está al borde del colapso. Las cárceles del país albergan actualmente 103.543 personas en espacios diseñados para apenas 81.139, según datos del Inpec. Esto significa que hay casi 23 mil internos más de los que deberían caber, generando condiciones insalubres que han motivado al Gobierno a lanzar dos proyectos de infraestructura carcelaria de gran envergadura.

En Medellín, la capital antioqueña será sede de la primera megacárcel que funcionará bajo un modelo de Asociación Público Privada. Esto significa que no solo el Estado financiará la construcción, sino que privados también invertirán dinero en el proyecto. La Cárcel Metropolitana de Medellín tendrá capacidad para 1.339 internos y requerirá una inversión superior a 675 mil millones de pesos. El Banco de Occidente y el Banco de Bogotá aportarán 215 mil millones de pesos, con asesoría de Aval Banca de Inversión. Según el Gobierno de Fico Gutiérrez, esta cárcel comenzaría a operar en 2027 en el corregimiento de San Cristóbal.

El segundo proyecto está en Riohacha, La Guajira. A diferencia de Medellín, este es 100 por ciento estatal, con una inversión de casi 308 mil millones de pesos. Su construcción avanza aceleradamente y se espera esté terminada el 21 de junio de 2026. El establecimiento contará con 1.722 cupos distribuidos en ocho pabellones dentro de 36 mil metros cuadrados. Incluye áreas administrativas, judiciales, de visitas, talleres y zonas de sanidad.

Lo que hace particular este proyecto es que reconoce la diversidad de la población carcelaria. Tendrá un pabellón exclusivo para 218 miembros de la comunidad indígena Wayúu, con una maloka donde podrán realizar actividades culturales y educativas. También cuenta con un pabellón para mujeres con 152 cupos, que incluye un centro de desarrollo infantil para 15 niños de madres internas.

Además, la cárcel de Riohacha implementa medidas de sostenibilidad ambiental. Tendrá un sistema de tratamiento de aguas residuales que permitirá reutilizar el agua, un aspecto crucial en una región donde este recurso es limitado. Aunque estos proyectos representan inversiones significativas, expertos advierten que construir cárceles es solo parte de la solución: el verdadero desafío está en reducir la delincuencia y mejorar los procesos judiciales para evitar que la sobrepoblación vuelva a crecer.