La tensión comercial entre Colombia y Ecuador subió de tono este martes cuando el Gobierno nacional formalizó la imposición de aranceles del 30% a 73 categorías de productos que vienen desde el país vecino. La decisión quedó plasmada en el Decreto 0170 y constituye la respuesta directa a la medida que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa había implementado el 21 de enero pasado, cuando también gravó con un 30% los productos colombianos que entraban a su territorio. Lo que comenzó como una disputa aislada se ha convertido en una verdadera guerra arancelaria dentro de la Comunidad Andina.

Colombia argumenta que la medida ecuatoriana viola el Acuerdo de Cartagena, que es el tratado que rige el comercio entre los países andinos y que supuestamente garantiza la libre circulación de mercancías sin aranceles adicionales. Para el Gobierno, esta "tasa de seguridad" que impuso Ecuador rompió las reglas del juego y alteró de manera grave el acceso normal al mercado. Los números son elocuentes: si Ecuador mantiene su arancel, las exportaciones colombianas podrían desplomarse en un 97%, lo que equivaldría a perder casi 1.800 millones de dólares. A finales del año pasado, las ventas a Ecuador ya sumaban más de 1.600 millones.

Los productos gravados son principalmente alimentos. Entre los más afectados están el arroz, azúcar, aceite de palma, banano, plátano, camarón, langostino y productos de acero. En términos prácticos, esto significa que un exportador colombiano que envíe arroz ecuatoriano tendrá que pagar un 30% adicional sobre el valor del producto, lo que hace que sea más caro que el arroz nacional y pierde competitividad en el mercado ecuatoriano.

Pero el Gobierno colombiano no se conformó solo con los aranceles. También impuso una restricción adicional: varios productos ecuatorianos ya no pueden ingresar por la frontera terrestre a través de Ipiales y Puerto Asís. Estos bienes, entre los que están arroz, cebolla, tomate, papa, fríjol, plátano, banano y productos del mar, solo podrán entrar por puertos marítimos o aéreos. El Gobierno justifica esta medida argumentando que necesita reforzar los controles sanitarios y evitar el contrabando, además de cumplir con requisitos de seguridad nacional establecidos en tratados comerciales internacionales.

Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente socios comerciales con un intercambio cercano a 2.800 millones de dólares anuales, aunque el balance siempre ha favorecido a Colombia. La disputa ha generado otras tensiones paralelas: Ecuador suspendió temporalmente el suministro de electricidad hacia Colombia e incrementó las tarifas para transportar crudo colombiano por sus oleoductos. Desde Ecuador, argumentan que su medida obedece a preocupaciones sobre narcotráfico y minería ilegal en la frontera, aunque esto no ha convencido al Gobierno colombiano.

El decreto entrará en vigor cinco días después de su publicación oficial. Aunque el Gobierno insiste en que busca restablecer la reciprocidad sin escalar el conflicto, el comercio andino atraviesa uno de sus momentos más tensos en años. Lo que suceda ahora dependerá de si ambos países retoman el diálogo o si terminan presentando reclamos formales ante organismos como la Comunidad Andina o incluso la Organización Mundial del Comercio. Mientras tanto, los sectores exportadores de ambos países enfrentan una incertidumbre que podría reconfigurar los flujos comerciales en la región.