Colombia está a un paso de convertirse en un país que prohíbe legalmente la mutilación genital femenina. La Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto de ley en su tercer debate, lo que significa que solo falta un trámite final en la plenaria del Senado para que la iniciativa se convierta en norma. Se trata de un paso decisivo en la lucha contra una de las formas más violentas de discriminación de género que aún persiste en algunas comunidades del territorio nacional.

La senadora Jennifer Pedraza, una de las impulsoras principales de esta propuesta, expresó su entusiasmo con el avance legislativo. "¡Lo logramos! Aprobamos en 3er debate nuestro proyecto para eliminar la mutilación genital femenina en Colombia. Estamos a un solo debate de sacar a nuestro país de la lista de países que aún permiten esta violencia contra la vida y salud de las niñas", indicó. Su mensaje subraya un aspecto fundamental: actualmente Colombia aparece entre las naciones que toleran esta práctica, algo que la nueva ley buscaría cambiar definitivamente.

La Defensoría del Pueblo también resaldó el avance, subrayando que el proyecto va más allá de una simple prohibición. Según la entidad, "el proyecto busca implementar una política pública para erradicar esta práctica y fortalecer la protección de los derechos humanos de las niñas y mujeres. Con ello, el Estado reafirma su compromiso con la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación de género". Esto significa que si se aprueba, Colombia no solo dirá que la práctica es ilegal, sino que invertirá recursos y esfuerzos institucionales para prevenirla, atender a las víctimas y transformar los patrones culturales que la sostienen.

En Colombia, la mutilación genital femenina ha sido documentada principalmente en algunas comunidades indígenas, lo que plantea desafíos particulares. El Estado debe intervenir respetando el contexto cultural de estas poblaciones, sin imponer soluciones que ignoren sus realidades. Por eso el enfoque integral que propone el proyecto es crucial: combina prevención, educación, atención a sobrevivientes y diálogo directo con las comunidades.

A nivel internacional, la presión también ha aumentado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha insistido en que los Estados deben erradicar esta práctica, recordando que genera consecuencias graves para la salud física y mental de quienes la sufren, e incluso puede causar la muerte. Organismos como este remarcan que aunque se considera una práctica poco común en América Latina, existen indicios de su presencia en comunidades indígenas de Suramérica y en contextos de migración.

El proyecto que está a punto de convertirse en ley en Colombia responde a estos llamados internacionales y reafirma el compromiso del país con los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Si la plenaria del Senado lo aprueba en el próximo y último debate, Colombia habrá avanzado significativamente en la protección de quienes históricamente han sido victimizadas por prácticas que subordinan su autonomía corporal y su dignidad.